En medio de una crisis ambiental prolongada, los habitantes de Quintero y Puchuncaví han librado durante décadas una batalla silenciosa contra la contaminación industrial. Lo que comenzó como un esfuerzo local para proteger caletas y playas se transformó en un movimiento comunitario estructurado, liderado por figuras como Víctor Manuel Azócar Guzmán, de 68 años. Él, junto a múltiples organizaciones vecinales y ambientales, ha sido testigo y protagonista de denuncias, movilizaciones y negociaciones con autoridades y empresas. A pesar de algunos logros puntuales, como el cierre de la fundición de Codelco, la zona sigue siendo considerada una “zona de sacrificio”, donde la salud pública y el ecosistema pagan el precio del desarrollo industrial desregulado.
Víctor recuerda sus inicios en la defensa ambiental tras instalarse definitivamente en Quintero, motivado por el deterioro de la Caleta del Manzana, que su padre presidía. Lo que parecía una tarea menor —reconstruir una caleta de madera— lo llevó a dialogar con intendencias, diputados y senadores, descubriendo que sí era posible incidir en decisiones que afectaban a toda la comunidad. Con el tiempo, se integró a más de media docena de organizaciones, incluyendo la Unión Comunal, COSOCs de salud y la Corporación Quintero Mide, de la cual es presidente. Su activismo no surgió de un solo evento, sino de una acumulación de negligencias: micros que dejaban botados a los pocos ambientalistas, insultos, y la evidente desidia de las industrias al creer que nadie vigilaría sus acciones.
Uno de los logros más significativos fue la remoción de emprendimientos contaminantes como Río Corriente, la doble termoeléctrica de Codelco y el basural de Oxiquim, usado para residuos peligrosos. Sin embargo, el panorama actual sigue siendo crítico. Según Víctor, el único cambio estructural en las últimas dos décadas ha sido el cierre de la fundición de Codelco; el resto ha sido una sucesión de intentos fallidos o parciales de control ambiental. La contaminación persiste, especialmente por compuestos orgánicos volátiles que entran y salen del puerto, transportando desde acetona hasta aditivos para combustibles. Esta exposición constante genera incertidumbre sobre los efectos a largo plazo en la salud de los habitantes, ya que los exámenes médicos habituales no detectan daños internos acumulados.
La relación con empresas como Oxiquim y Copec es ambivalente. Si bien no se les atribuye un accidente catastrófico en la bahía, Víctor Azócar sostiene que su operación carece de la transparencia y seguridad que prometen. Copec, en particular, ha expandido su presencia en Quintero a pesar de que ya existía una sobrecarga industrial. Esto refleja, según él, la lógica de instalar infraestructura en zonas donde la resistencia social se supone menor, sin ofrecer compensaciones reales a la comunidad. El concepto de justicia, en este contexto, se vuelve difuso: ¿basta con una donación millonaria o se requiere tecnología de punta y normas más estrictas?
La pobreza y la informalidad agravan la vulnerabilidad. Muchos residentes no están legalizados ni facturan, lo que les impide acceder a indemnizaciones en caso de emergencias ambientales. Además, la identidad turística de la comuna —basada en sus playas tranquilas— se ve amenazada por la estigmatización de ser una “zona de sacrificio”. Paradójicamente, algunos visitantes llegan precisamente a corroborar esa fama negativa, distorsionando aún más la economía local. Frente a esto, la organización comunitaria ha evolucionado: hoy hay más acceso a información, mayor alfabetización ambiental y uso de herramientas digitales para exigir responsabilidades.
Aunque predominan los hombres en los espacios de toma de decisiones, Víctor reconoce la creación de colectivos femeninos, como uno en Ventanas, que aportan perspectivas distintas al activismo. Él mismo ha estado en todas las instancias posibles: desde cortes de ruta en la F-30 hasta mesas técnicas como la Mesa del Aire, donde se han logrado avances concretos gracias al diálogo entre comunidad, empresas y Estado. No obstante, critica duramente la respuesta estatal, que califica de débil y simbólica. El delegado presidencial, dice, llegó sin recursos ni poder real para transformar una situación arraigada durante generaciones.
Lo que la comunidad exige ahora es simple pero profundo: honestidad. Que las empresas reconozcan sus responsabilidades, adopten las mejores tecnologías disponibles globalmente y contribuyan directamente al desarrollo municipal. Víctor rechaza mecanismos extrajudiciales como los usados por la Federación de Pescadores de Bahía Narau, que, según él, actúan en beneficio propio y no representan a toda la comunidad. En cambio, aboga por canales institucionales fortalecidos y leyes ambientales efectivas, algo que, admite, nunca ha funcionado en su favor: sus victorias siempre han venido de “resquicios legales”, no de una normativa protectora.
Más allá de lo ecológico, la bahía encarna memorias personales y colectivas: infancias en playas donde varaba sardina en febrero, machas que brotaban al mover los pies en Ritoque, tradiciones ligadas al mar que ya no pueden repetirse. Ese saber ancestral, íntimamente conectado con la naturaleza, está en peligro de extinción. Para garantizar un futuro digno, Víctor Azócar insiste en reformar la normativa chilena según los estándares de la Organización Mundial de la Salud y crear fondos obligatorios para el beneficio comunal, no selectivo.
Su mensaje al país y al mundo es urgente: investiguen lo que ocurre aquí. Revela casos como la interferencia del embajador de Estados Unidos en la construcción de una termoeléctrica en Ventanas, durante el gobierno de Bachelet, como prueba de que intereses invisibles manejan destinos locales. Detrás de cada planta hay capitales internacionales, fondos de pensiones y garantías estatales que aseguran ganancias a costa de comunidades enteras. Por eso, el cambio no puede ser solo local: requiere una transformación nacional en cómo se entiende el desarrollo, la justicia ambiental y el rol del Estado.
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Finalmente, subraya la necesidad crítica de apoyo legal. La Ley de Bases del Medio Ambiente, en su experiencia, ha sido inútil; las victorias se han construido sobre errores administrativos menores, no sobre principios de prevención o precaución. Los medios de comunicación, por su parte, tienen un rol clave: informar con equidad y rigor, como hace —en su opinión— radio Bio Bio, cuya credibilidad nace de la neutralidad informativa. Solo así, dice Víctor Azócar, la voz de los guardianes de la bahía podrá trascender los límites de Quintero y Puchuncaví, y convertirse en un llamado nacional a repensar el modelo extractivista que sacrifica vidas por ganancias.
Guardianes Del Medio Ambiente
Proyecto financiado por Fondo de fomento de medios de comunicación social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional
