En los últimos años, los habitantes de Quintero y Puchuncaví han intensificado su lucha contra la contaminación industrial que afecta su salud, su entorno y su futuro. Entre ellos, Eduardo Brown García, presidente del Consejo de Salud del Cesfam Las Ventanas, ha emergido como una voz incansable en la defensa del territorio. Durante una extensa conversación en su comunidad, Brown relató cómo su compromiso social y ambiental nació de la necesidad de responder a las falencias del sistema y a las alarmantes señales del deterioro ambiental. Su activismo, forjado durante más de dos décadas de vida en la zona, ha ido evolucionando desde el trabajo con poblaciones vulnerables hasta la denuncia frontal contra la impunidad industrial.
Eduardo recuerda que su llegada a Puchuncaví fue parte de una decisión familiar: “Nos venimos con mi papá de Santiago a Viña y después nos venimos a vivir aquí”. Fue en ese proceso de arraigo cuando comenzó a notar las profundas carencias del sistema de salud y la vulnerabilidad de ciertos grupos, como las trabajadoras sexuales de Campiche. Junto a profesionales como la matrona Filomena, lograron implementar programas innovadores, incluyendo intervenciones teatrales y campañas de salud sexual que incluso los llevaron a representar su experiencia en Argentina. “Fue un chiquillo, de verdad, un trabajo espectacular”, afirma con orgullo, destacando que lograron sacar del entorno a dos mujeres con VIH.
Sin embargo, un suceso personal marcó un giro definitivo en su activismo: la muerte de su padre, un hombre sano y vegetariano, cuya autopsia reveló la presencia de nicotina en sus pulmones pese a que jamás fumó. “Y de ahí empezamos a ver ya qué está pasando aquí, qué nos está contaminando a todos nosotros”, recuerda con dolor. A esa inquietud se sumó la extraña proliferación de tos canina en sus mascotas, lo que lo llevó a cuestionar el aire que respiraban. Fue así como su labor social se entrelazó con la defensa ambiental, al reconocer que la salud humana y la del ecosistema están inseparables.
En las últimas dos décadas, Brown ha sido testigo del deterioro progresivo del entorno natural. “La carretera nueva, cosas naturales ya no están quedando, ya se está matando todo”, lamenta. Antes podía transitar libremente entre cerros y comunidades, pero hoy todo está cercado, privatizado, inaccesible. La conexión ancestral con el territorio ha sido fragmentada por la expansión de la infraestructura industrial, que prioriza el tránsito de carga sobre la vida comunitaria. “Ahora está todo cerrado”, dice con frustración, al describir cómo incluso los senderos tradicionales han desaparecido bajo alambrados y asfalto.
La contaminación, según Brown, no solo destruye el paisaje, sino que también se cobra vidas. Sin embargo, denuncia la invisibilización estadística de la crisis sanitaria local: “No tenemos estadística. Muere gente, pero ¿dónde está la estadística? ¿Van a morir a Quintero o a Viña?” Este vacío de datos impide dimensionar el verdadero impacto de la polución. Tampoco hay registros de nacimientos, ya que los partos se realizan fuera de la comuna. La falta de información oficial se convierte así en una herramienta de silenciamiento, mientras la comunidad sufre en la sombra el aumento de cánceres y accidentes vasculares.
Entre las múltiples fuentes de contaminación, Brown no duda en señalar a la planta de tratamiento de aguas servidas como “un foco de insalubridad” que debería estar cerrada. “Estamos comiendo caca”, afirma con crudeza, refiriéndose a cómo los mariscos –alimento básico– bioacumulan los desechos que terminan en la bahía. Ha visto animales muertos en las aguas contaminadas, perros bebiendo de ese líquido tóxico y niños jugando a escasos metros. “¿Van a esperar a que ya esté todo derramado?”, pregunta, exigiendo prevención en lugar de reacción.
Aunque critica duramente a muchas empresas, reconoce que algunas han mostrado disposición al diálogo. Codelco y Puerto Ventanas han colaborado en proyectos comunitarios, desde plazas hasta luminarias. “Se han portado bien”, admite, sin defenderlos del todo, sino reconociendo que el dinero invertido en reparaciones es una mínima compensación por 60 años de daño. También valora la cooperación de Aguas Pacíficas y GNL, cuyos aportes permiten sostener actividades que, de otro modo, deberían financiarse con los propios bolsillos de los dirigentes. “Nadie nos paga”, recalca, subrayando el sacrificio personal detrás del activismo.
Uno de los hallazgos más reveladores proviene de la “mesa del aire”, instancia técnica en la que participa. Allí, datos recientes apuntan a los barcos que descargan en la bahía como fuente clave de episodios agudos de intoxicación. “Cuando empiezan las descargas, al otro día vamos a tener el niño intoxicado”, asegura. Cita el testimonio de un capitán de marina que advirtió sobre los “puffs” –expulsiones repentinas de gases tóxicos– durante las operaciones portuarias. En una reciente emergencia, cuatro embarcaciones descargaban simultáneamente, y el viento arrastró los contaminantes directamente a las escuelas. “Ya estaban embarrados por arriba”, dice, aludiendo a la inmediatez de la exposición.
Brown es categórico al afirmar que no existe justicia en Quintero-Puchuncaví. “Nos pueden dar muchas regalías, pero no hay justicia”. Para él, la equidad pasa por exigir normas ambientales europeas –más estrictas que las chilenas– y el cumplimiento riguroso de la ley. Crítica que Codelco, tras perder 250 millones de dólares en una huelga, tardara años en invertir solo 52 millones en reparar una chimenea. “Ya no queremos más empresas”, declara, mientras exige que el Estado asuma su rol fiscalizador y exija remediación real, no solo discursos.
La pobreza y la despoblación juvenil agravan la crisis. “Vamos a ser una comunidad de viejos”, advierte, pues los jóvenes emigran al terminar la escuela. Mientras tanto, aumentan las enfermedades crónicas entre los adultos. En este contexto, las mujeres han asumido un rol protagónico en la resistencia. Aunque valora su coraje, rechaza el término “zona de sacrificio” que estigmatiza el territorio. “Acá Horcón es bonito”, insiste, recordando sus acantilados, playas y bosques. “Vamos cambiando esa palabra entre todos”, propone, buscando reivindicar la identidad más allá del sufrimiento.
Las movilizaciones han llevado a los vecinos hasta el Congreso y la Comisión de Medio Ambiente, pero Brown critica la inacción del delegado presidencial: “pesa menos que un candy”. Denuncia que autoridades como el director de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se niegan a venir por “miedo a la comunidad”. Frente a esto, exige más compromiso, no más promesas post-protesta. “No esperen que protestemos para actuar”, reclama, mientras aboga por horarios accesibles en las reuniones oficiales, considerando que muchos dirigentes trabajan jornadas completas.
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En medio del dolor y la indignación, Brown conserva la esperanza. “Sí, hay esperanza”, afirma, siempre que las empresas cumplan con su deber y el Estado deje de mirar hacia otro lado. Su mensaje al país es claro: “Vengan, se van a dar cuenta de lo bonito que es esto. No lo echemos a perder”. Para los guardianes de la bahía, la lucha no es solo por aire limpio, sino por el derecho a existir con dignidad en un territorio que, pese a todo, sigue siendo su hogar.
Guardianes Del Medio Ambiente
Proyecto financiado por Fondo de fomento de medios de comunicación social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional
