En medio de episodios recurrentes de intoxicación masiva, deterioro ecológico y ausencia estatal, un colectivo de vecinos, liderado por organizaciones comunitarias y mujeres en primera línea, se ha alzado como guardián de la Bahía de Quintero-Puchuncaví. Durante los últimos años, especialmente desde la emergencia ambiental de 2018 y los brotes posteriores, estos actores sociales han visibilizado una crisis silenciada durante décadas. Entre ellos destaca Alejandra Muñoz, presidenta de la Junta de Vecinos Santa Adela Oriente y de la Corporación de Desarrollo Territorial Borde Costero, quien ha participado activamente en instancias como el CRAS y el COSOC municipal. Su voz —y la de muchos en la zona— denuncia no solo la contaminación industrial, sino la profunda injusticia ambiental que afecta a las comunidades más vulnerables.
Alejandra relató que su compromiso nació al instalarse en Quintero junto a su pareja, cuya familia tiene raíces profundas en el territorio. Al ver cómo el deterioro ambiental impactaba la salud de sus hijos, vecinos y el ecosistema marino, comprendió que la defensa del medioambiente era también defensa de la vida misma. “Hemos sostenido consecuencias en nuestra salud mental, física y en nuestro territorio”, afirmó, señalando que, aunque algunas empresas han actualizado tecnologías, el progreso es insuficiente frente a décadas de negligencia acumulada. La transformación demográfica y la expansión industrial han agravado una situación que las políticas públicas no han sabido contener.
Uno de los cambios más dramáticos ha sido el climático: tras años de sequía que desertificaron zonas enteras, las lluvias regresaron, pero trajeron consigo una alteración en los patrones atmosféricos. Esto ha modificado la dispersión de contaminantes, provocando episodios tóxicos incluso en primavera, fuera de la temporada habitual. “Los vientos ahora transportan compuestos orgánicos volátiles de formas impredecibles”, explicó, subrayando que ni siquiera los sistemas de monitoreo actuales logran identificar con certeza las fuentes emisoras. Esta incertidumbre científica se convierte en impunidad legal para las industrias del cordón industrial.
La salud comunitaria ha pagado un precio brutal. Alejandra describió casos de “hombres verdes” —personas con pigmentación cutánea alterada—, dolencias óseas inexplicables, trastornos neurológicos y un colapso en la salud mental. “No tenemos médicos especialistas, ni epidemiólogos, ni exámenes de toxicidad”, lamentó. Lo más urgente, según ella, sería implementar un sistema de evaluación biomédica masiva que evidencie los niveles de contaminantes en cuerpos humanos y animales. Sin datos concretos, las autoridades insisten en que “todo está dentro de la norma”, a pesar de que dichas normas son obsoletas y no reflejan la realidad actual del territorio.
Entre los contaminantes más peligrosos identificó los compuestos orgánicos volátiles (COV), cuya medición es deficiente o inexistente en los supermonitores instalados. “No sabemos si vienen de Concón, del puerto, de los buques atracados o de las chimeneas industriales”, señaló. Empresas como Oxiquim, Copec, Gasmar, Codelco o la Refinería son señaladas no por ilegalidad, sino por operar bajo estándares anticuados. “Necesitan adoptar tecnologías de vanguardia, no solo cumplir con normas que permiten seguir envenenando”, insistió, destacando la urgencia de sanear suelos contaminados como la salina de Copec y los sedimentos con hidrocarburos en toda la bahía.
Para Alejandra Muñoz, hablar de justicia ambiental en Quintero-Puchuncaví es una contradicción. “Si la justicia se mide por el cumplimiento de normas débiles, entonces sí: están ‘justificados’. Pero si la medimos por el daño real causado, no hay justicia alguna”, sentenció. La pobreza y el género acentúan esta desigualdad: las familias de menores ingresos no pueden acceder a tratamientos médicos privados ni mudarse, mientras que los adultos mayores —grupo creciente en la región— sufren patologías complejas sin apoyo especializado. “El sistema castiga más a quienes menos pueden defenderse”, denunció.
Frente a esta adversidad, han florecido múltiples formas de organización: desde sindicatos de trabajadores industriales —muchas veces silenciados por miedo a perder sus empleos— hasta colectivos como “Mujeres en Zona de Sacrificio”, Salvemos Quirilluca y el propio CRAS. Alejandra destacó el rol central de las mujeres: “Ellas están en la primera línea, enfrentando escuelas, hospitales y hogares. Son las que dicen: ‘no quiero este territorio para mis hijos’”. Esta fuerza femenina ha sido motor de movilizaciones, campañas de sensibilización y presión política constante.
A pesar de haber participado en diálogos con autoridades regionales y representantes empresariales, los avances han sido lentos y fragmentados. “Hay voluntades individuales, pero el aparataje estatal está al debe”, afirmó, criticando la burocracia que frena iniciativas como la ley intercomunal Quintero-Puchuncaví, diseñada para generar desarrollo local, recursos propios e infraestructura especializada. Lamentó que políticas como la “transición socioecológica justa” se diseñen desde Santiago, ignorando las particularidades de cada zona de sacrificio. “No somos iguales a Mejillones ni a Coronel”, insistió.
La visión de futuro que defiende incluye exigencias concretas: construcción urgente del hospital comunitario, adopción obligatoria de tecnologías limpias por parte de la industria, impulso al turismo sustentable y recuperación de la identidad territorial. “La bahía no es solo un ecosistema: es historia, es espiritualidad, es el Valle de Narau”, afirmó con emoción, recordando los atardeceres, los humedales y el paso de Darwin por Mauco. “Somos un territorio privilegiado que merece vivir en paz, no en emergencia constante”.
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Su mensaje al resto del país es claro: “Conozcan nuestra historia. No somos solo una zona de sacrificio; somos un lugar con potencial inmenso”. Pidió que la voluntad política, social y empresarial se alinee para actuar con urgencia y responsabilidad. “No esperemos más muertes ni más episodios”, advirtió. Y al mundo, les extendió una invitación: “Ayúdenos a soñar. Este cambio es posible si todos somos actores”.
Finalmente, Alejandra Muñoz destacó la necesidad de apoyo multidimensional: legal, para defender derechos colectivos; técnico, para medir y remediar contaminación; financiero, con fondos reales y no burocráticos; y comunicacional, para romper el silencio mediático. “Los medios son pilares fundamentales”, dijo. “Si los medios visibilizan nuestra realidad con honestidad, atraerán investigación, solidaridad y soluciones. Porque detrás de la neblina tóxica, hay un territorio que quiere renacer”.
Guardianes Del Medio Ambiente
Proyecto financiado por Fondo de fomento de medios de comunicación social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional
