En medio de décadas de contaminación industrial, olas de derrames y un estado de abandono institucional, un grupo de líderes comunitarios —entre ellos Javiera Ogaz Neira— ha asumido el rol de guardianes de la Bahía. Durante los últimos años, estas voces han denunciado sistemáticamente los daños ecológicos y sanitarios provocados por empresas como Enap, Copec, y Gasmar . Javiera, descendiente de generaciones de pescadores y buzos, ha convertido su legado familiar en una lucha territorial por la regeneración ambiental, la salud comunitaria y la corresponsabilidad entre Estado, industria y ciudadanos.
Su activismo no nació de la casualidad, sino de una herencia marcada por la pérdida y el dolor. A los 13 años, su abuelo murió en un contexto de creciente deterioro ambiental que ya afectaba a la vida marina y a la subsistencia de las familias pesqueras. “Siempre hubo una promesa de preocuparme y ocuparme de la bahía”, confiesa, señalando que los relatos de su padre sobre manchas de aceite, olores a gas y la desaparición progresiva de especies marinas fueron el detonante de su compromiso. Hoy, como representante de siete sindicatos pesqueros y con experiencia en organizaciones como Matter of Trust, lidera iniciativas que buscan transformar la zona de sacrificio en un territorio de restauración.
Los cambios observados en las últimas dos décadas son alarmantes. Pescadores que antes obtenían abundantes capturas ahora recogen menos de la mitad. Las piedras en las áreas de manejo aparecen “como perros con sarna”, sin vida, mientras que la biodiversidad marina se desvanece. “Uno puede ver manchas, olores, pero lo más contundente son los testimonios de quienes meten la cabeza bajo el agua”, dice. Para Javiera, los hidrocarburos y los metales pesados son los principales enemigos actuales, aunque advierte con preocupación sobre los posibles efectos de la futura desaladora, cuya implementación podría agravar la crisis si no se regula adecuadamente.
La crítica a las empresas es contundente, pero no absuelve al Estado. “Las empresas tienen mucha culpa, pero el Estado tiene más”, asegura, destacando la obsolescencia tecnológica de instalaciones industriales y la falta de fiscalización. En su visión, Chile no puede seguir operando con estándares del siglo pasado mientras otros países avanzan en sostenibilidad. “No puede ser que UNAP siga con infraestructura del año uno”, apunta con frustración, recordando que la autoridad regulatoria es, en última instancia, la responsable de permitir —o no— la continuidad de prácticas destructivas.
La injusticia territorial es palpable. Quintero y Puchuncaví, ubicadas en una de las zonas más pobres del país, carecen de servicios básicos como salud especializada, a pesar de albergar un cordón industrial cuyas utilidades se cuentan en miles de millones. “No tenemos un hospital digno, ni un centro oncológico, aunque sabemos que estos contaminantes generan cáncer”, denuncia. La presencia del delegado presidencial, aunque simbólicamente más cercana que en gobiernos anteriores, no ha logrado revertir décadas de negligencia estructural.
En este contexto, las mujeres han emergido como pilares fundamentales de la resistencia ambiental. “Han puesto el grito más alto que muchos hombres”, afirma Javiera, sin dejar de reconocer la lucha constante de su padre y otros líderes masculinos. Su rol no solo ha sido de denuncia, sino también de mediación: “Trato de ser un traductor entre la comunidad, los sindicatos y las empresas”, explica, insistiendo en que el objetivo real no debe ser la salida de las industrias —lo cual considera irreal— sino la exigencia de tecnologías limpias, mejores prácticas y corresponsabilidad.
Uno de sus frentes más críticos es su desconfianza hacia la Federación de Pescadores Bahía Narau. “Vendieron la bahía”, acusa, al referirse a un acuerdo por 1.200 millones de pesos que, a su juicio, renunció a futuras demandas y entregó áreas de manejo sin representar al gremio. “Ponerle precio a la bahía es una traición”, señala, destacando que muchos sindicatos desconocen los acuerdos firmados en su nombre y los fallos judiciales relacionados. Para ella, la representación genuina debe surgir desde la base, con transparencia y educación ambiental.
Más allá de lo ecológico, la bahía es identidad, historia y propósito. “Es todo para mí”, dice con convicción. Actualmente, trabaja en el proyecto “Caletas Históricas”, que busca implementar un sistema de seguridad ambiental territorial con participación de pescadores, empresas y Estado. “Los pescadores son los primeros en llegar ante un derrame, pero no están capacitados ni protegidos”, critica, proponiendo su transformación en actores clave de la vigilancia y respuesta ambiental.
Los saberes locales también están en peligro. La pesca artesanal, las técnicas de manejo de algas y las prácticas ancestrales enfrentan un declive acelerado. Antes, los recursos se subastaban al mejor postor; hoy, ni siquiera pueden exportarse por los niveles de contaminación. “Nadie ha querido reparar este daño”, lamenta, aludiendo a causas pendientes como la de ENAP por el derrame Mimosa, donde la justicia recién comienza a actuar tras años de impunidad.
El llamado de las comunidades es claro: unidad, salud, empleo local y un cambio de narrativa. “Ya no queremos ser zona de sacrificio, sino de regeneración, restauración y conservación”, insiste. Pide al resto del país que no solo visibilice el problema, sino que aporte soluciones concretas: tecnología, formación laboral, inversión en infraestructura y transparencia en la contratación local. “La plata se hace con voluntad, no solo se gana”, afirma, mostrando una esperanza firme en medio de la adversidad.
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Finalmente, Javiera apela al rol de los medios como cuarto poder. “Son fundamentales para transformar la narrativa”, dice, aunque reconoce que ciertas noticias son silenciadas o suavizadas por intereses. Su mensaje es urgente: Quintero y Puchuncaví no son un basurero, sino un territorio con derecho a sanar. Y para lograrlo, todos —gobierno, empresas, ciudadanos y periodistas— deben asumir su parte de responsabilidad.
Guardianes Del Medio Ambiente
Proyecto financiado por Fondo de fomento de medios de comunicación social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional
