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Ya no deberían crearse corporaciones municipales, excontralor Mendoza dice que “deben extinguirse” por ser focos de corrupción

Funcionan al alero del municipio, pero no se rigen bajo la misma regulación. Controlar sus fondos ha sido todo un problema. Y hacerlo es crítico, porque manejan presupuestos importantes.

Las corporaciones municipales se han transformado en la piedra en el zapato para los organismos de control y en un verdadero hoyo en el bolsillo del Estado. En estas instituciones el alcalde, que actúa como presidente del directorio, puede hacer y deshacer a su placer.

Esta amplia potestad que posee abrió la puerta para los abusos, transformando a las corporaciones en una caja personal del edil, para pagar favores políticos y personales, entre otros objetivos.

Mientras tanto, los organismos de fiscalización, tanto locales como centrales, quedan aislados de un control preventivo y siempre llegan tarde a encontrar los problemas.

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Y no es menor. Las corporaciones manejan un alto presupuesto que, de no tener control sobre ellos, puede terminar en un gran hoyo para el municipio.

De hecho, estas instituciones, en promedio, casi duplican el gasto en remuneraciones a sus respectivas municipalidades. Así lo muestra un estudio del Consejo para la Transparencia del 2016, que realizó un catastro a 23 comunas y a sus corporaciones que administran salud y educación. Si el total del gasto en remuneraciones en estas comunas llegaba a $230 millones, las corporaciones superaban los $445 millones

El exjefe del ente contralor entra al debate de cuáles deberían ser el destino y las herramientas de fiscalización en el caso de estas instituciones de representación privada que ocupan recursos públicos. Otros expertos piden que se rijan por todos los controles que hoy existen en el sistema estatal de adquisiciones y compras

Las irregularidades financieras detectadas en gobiernos locales que tienen hoy en la mira de la justicia a las municipalidades de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Viña del Mar, entre otras han originado un debate sobre la necesidad de dotar de mayores herramientas a los órganos competentes para la fiscalización frente a los recursos públicos que son asignados a las corporaciones, por ejemplo.

Las críticas se concentran en el control del gasto que realizan las corporaciones municipales. Ante ello, diferentes expertos concluyen que, a pesar de ser jurídicamente instituciones privadas, deberían regirse por reglas de las entidades públicas.

Una de las posturas más radicales la tiene el excontralor Ramiro Mendoza, quien afirmó que debe “terminarse con la fantasía disyuntiva de ‘eficiencia’ a través de vehículos privados de los municipios. Lo que ha determinado más bien un binomio de viveza/corrupción”.

La exautoridad profundizó y sostuvo que “debiesen extinguirse las corporaciones que existían hasta la decisión antigua del Tribunal Constitucional, y debe prohibirse, expresamente, la transferencia a corporaciones de derecho privado -creadas por vecinos- que impliquen o importen la asunción de funciones municipales”.

Asimismo, el experto en derecho administrativo enfatizó que, de seguir con la continuidad de las corporaciones, cualquiera sea su fin, a todas ellas se les debe transferir la carga del cumplimiento del derecho público en materia de transparencia, rendición de cuentas, compras públicas, control de Contraloría General de manera amplia. Agregó sumar “determinación de responsabilidad de sus administradores en materia civil, por los daños que se causen, a través del juicio de cuentas”.

Por su parte, el académico de la Universidad Católica de Valparaíso Eduardo Cordero explica que las corporaciones al celebrar contrataciones no están apegadas directamente a la ley de compras públicas, por lo tanto, eventualmente, “ellos podrían celebrar tratos directos sin licitación pública.

Pero eso no significa que con posterioridad Contraloría no llegue y detecte que ese contrato fue irregular, porque, en definitiva, se podría contratar bajo condiciones del mercado totalmente desventajosa”.

Sobre esa misma línea, la directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, Valeria Lubbert, sostiene que la Contraloría puede fiscalizar los gastos de las corporaciones por medio de las auditorías, cuando ya se han generado los gastos. “Se rigen por el Código del Trabajo, tienen gran flexibilidad para el manejo de los recursos públicos, lo que genera un vacío de enorme vulnerabilidad para espacios de corrupción (…), lo que se traduce en dificultades para la fiscalización de la Contraloría y espacios para el nepotismo”, dijo la directora de Espacio Público.

Las corporaciones municipales son instituciones jurídicas de derecho privado, conforme a la norma de la Ley Orgánica de Municipalidades, para los efectos de la administración y operación de los servicios de salud, educación y atención de menores, hoy también con fines artísticos y culturales.

Desde el Observatorio Fiscal, su directora, Paula Díaz, dijo que estas entidades privadas, que administren fondos públicos, deben ser parte del marco jurídico y del estándar de transparencia, probidad, integridad y rendición de cuentas a la que están acogidas todas las entidades públicas. “Básicamente, son recursos de todos los chilenos y chilenas y, por tanto, si bien no es una entidad pública en términos jurídicos, sí ejercen funciones de ese carácter”, apuntó. Además, agregó que la Contraloría tiene la potestad de fiscalizar a quien es responsable de los recursos públicos, en este caso los municipios, no a quienes administran. “Por eso es importante que también haya una óptima fiscalización desde las contralorías municipales hacia las corporaciones”, sostuvo.

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¿Más burocracia o menos riesgo de corrupción?

El profesor Cordero, además, explicó las ventajas y desventajas de ser más rigurosos con estas instituciones. Primero, si se instauran controles preventivos es probable que se disminuya la corrupción, pero se hacen más burocráticas y lentas las gestiones públicas. “En este caso las licitaciones de un servicio o producto pueden tardar meses”, advirtió el abogado. La otra opción es si se saca el control preventivo y se cambia a represivo, se facilita la gestión, “pero está comprobado que aumenta la corrupción”, afirmó Eduardo Cordero.

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