La ceremonia de adhesión al tratado se llevó a cabo en el Patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda, donde con pocos invitados, participaron en la firma la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; y la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, entre otras autoridades presentes. Presidente Boric
En su alocución, el Presidente de la República comentó que “este es el primer proyecto que vamos a enviar al Congreso, y esto es relevante no solo porque somos un gobierno que cumple con sus compromisos, sino porque da cuenta del sentido de urgencia con, como decía nuestra ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; que entendemos la crisis climática y la protección de los derechos humanos de aquellas y aquellos que defienden nuestro entorno, nuestro hogar, nuestros ríos, nuestras costas y nuestros bosques”.
Conversamos con Macarena Martinic, abogada medio ambiental y coordinadora de Empoderamiento Jurídico en la ONG FIMA, quien se refirió a los pilares y las implicancias que tendrá su adhesión para la salmonicultura.
Un poco de historia Presidente Boric
El acuerdo de Escazú fue impulsado por la Cepal y por los gobiernos de Chile y Costa Rica desde 2016. Después de cuatro años de negociaciones, la adhesión fue rehusada por el Presidente Sebastián Piñera y este 2022, una semana después de haber asumido el mando, el gobierno de Gabriel Boric suscribió el tratado del que 23 países de América Latina y el Caribe forman parte.
Según el documento oficial del acuerdo, el Tratado de Escazú tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
“Una vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico, debiese adaptarse a las disposiciones que el Estado se comprometió. Pueden nacer nuevas instituciones, cambios a nivel de política pública, la dictación de nuevas normas, pero siempre en base a lo comprometido mediante el tratado de Escazú y sus pilares, que son los que se espera que se fortalezcan: el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación, el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental y la protección de los defensores y defensoras”, explicó la abogada y miembro del área de Empoderamiento Jurídico en la ONG FIMA, Macarena Martinic
Pero, ¿Qué implica para la industria la adhesión a este tratado? La experta señaló que “en el caso de la industria salmonera, se pueden evidenciar ciertos conflictos actualmente, por ejemplo el tema de la participación ciudadana, que es uno de los pilares del tratado. Al día de hoy, la mayoría de los centros de cultivo de salmoneras ingresan por declaraciones de impacto ambiental y estos no tienen un procedimiento de participación ciudadana obligatorio”.
Agrega que, “se espera que al momento que el Tratado de Escazú entre en vigencia en Chile, esta situación cambie, que no exista una distinción, por ejemplo, entre proyectos que sí requieren participación ciudadana y proyectos que no requieren participación ciudadana”.
La profesional también se refirió al Acceso de a la información, otro de los pilares del tratado. “El acceso a la información se considera fundamental en materia ambiental porque no se puede favorecer una participación ciudadana si no se tiene toda la información necesaria. Tenemos otro caso muy específico en la industria salmonera, cuando ciertas empresas se han opuesto a entregar información sobre la cantidad de antibióticos que usan, la cantidad de microbianos o la cantidad de biomasa desagregada por centro de cultivo”, dijo. “Se espera que en un panorama en que el tratado de Escazú esté en vigencia en nuestro país, no se permitan este tipo de situaciones”, añadió.
“La administración y el tratado de Escazú viene principalmente a fortalecer esos estándares para la administración del Estado. Sin perjuicio de que es una discusión, de si lo privados tiene o no que observar directamente los Tratado Internacionales, sin duda hay efectos jurídicos que vinculan a las empresas en el ámbito”, puntualizó la a abogada. Presidente Boric
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Recientemente en el Foro de Los Países, celebrado en América Latina y el Caribe, la OCDE y la Cepal se pronunciaron sobre cómo el Tratado de Escazú podría generar un clima favorable para las inversiones. “Lo que hace es implementar estándares para las empresas que ya venían cumpliéndose a nivel internacional y lo que hace es exigírselo a los Estados a nivel latinoamericano y del Caribe. Son estándares que ya estaban siendo cumplidos, estándares que promueven la participación, la información, el acceso a la justicia en la industria; que en el fondo haya una institucionalidad ambiental sana que permita el dialogo entre los distintos actores, considerando distintos intereses”, comentó Martinic finalmente.
