Después de encender la motosierra en la economía, el Gobierno de Javier Milei ha anunciado su plan de mano dura contra las protestas en Argentina. La excandidata y nueva ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anunció el jueves un nuevo protocolo para manejar las previsibles manifestaciones callejeras. “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz. Las calles no se toman. Que sepan que, si se toman las calles, habrá consecuencias”, dijo Bullrich en una conferencia de prensa. El anuncio ha sentado como un balde de agua fría en el país, que vive una subida disparada de precios y una devaluación de la moneda local, el peso, que llega al 50%.
El nuevo protocolo contra las manifestaciones tiene previsto convocar a los cuatro cuerpos que dependen del Ministerio de Seguridad —la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria— para disolver las posibles protestas callejeras que bloqueen calles y rutas. “Se va a actuar hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, amenazó Bullrich. “Las fuerzas emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”, dijo.
“Terminar con la extorsión”
La ministra y excandidata presidencial de la derecha tradicional que se alió a Milei tras su derrota en primera vuelta apeló a una de las quejas de sus votantes: la idea de que los cortes de calles generan un desorden que no deja que “la gente pueda vivir con normalidad y en paz”. “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto”, expresó Bullrich. “Es hora de terminar con esta metodología, con la extorsión que sufren los ciudadanos”.
Según desgranó, ahora las fuerzas federales tendrán la potestad de arrestar a quienes “cometan delitos” en el transcurso de las protestas, podrán actuar en el transporte público para incautar “material” de protestas “como palos” e indagar a “encapuchados” o a personas que se dirijan a las manifestaciones “intentando no ser reconocidas”.
Bullrich afirmó que se creará un registro de organizaciones sociales —gremios, sindicatos y asociaciones— que “instiguen” la protestas y que “enviará la factura” de “los gastos” de la represión a los responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones con personería o los individuos”, explicó la ministra, que en su comparecencia también anunció que se denunciará ante la agencia de Migraciones a los extranjeros radicados en el país con un permiso temporal que participen de las protestas. “Se pueden manifestar en la vereda. No queremos cortes de calles ni de rutas”, puntualizó la ministra. “Este no es un problema de ideologías, es un problema de entender de una vez por todas que el país debe vivir en paz y en orden”.
Servicios básicos
El anuncio llega mientras la temperatura sube en Buenos Aires por el plan de ajuste económico que presentó el Ministerio de Economía el martes. El Gobierno subió el valor del dólar de 400 a 800 pesos, prometió no renovar los contratos de los empleados públicos que lleven menos de un año en sus puestos, y anunció aumentos en las tarifas de servicios básicos y del transporte público.
Los aumentos impulsados por el Gobierno no se conocerán hasta febrero, según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, pero Argentina ya está acostumbrada a remarcar precios en la calle ante los terremotos políticos. Esta misma semana los precios en los supermercados han subido hasta un 40% tras el fin del congelamiento de la canasta básica impulsado por el peronismo y el precio de los combustibles ha aumentado al menos un 30%.
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“Hemos encontrado a un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que se muera”, había defendido el miércoles el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni. Los sindicatos y gremios respondieron con una convocatoria urgente para buscar una respuesta consensuada. Los ojos están puestos ahora en el próximo miércoles, en un nuevo aniversario de la crisis del corralito del año 2001, cuando se espera que haya manifestaciones conmemorativas en Buenos Aires en recuerdo de la represión policial que dejó 38 muertos en las calles en medio de la peor crisis económica de la historia reciente del país.
