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Habitantes de Bahía de Quintero trabajaron propuestas de políticas públicas y normativas para avanzar en soluciones a la contaminación industrial

Durante los 11 encuentros-taller en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, cerca de un centenar de personas discutieron cómo los conceptos de justicia ambiental, derechos humanos y cambio climático, pueden incorporarse para crear o fortalecer propuestas de mejoras legales y reglamentarias. En los talleres estuvieron presentes representantes de la salud, la educación, la sociedad civil y ONGs, y dirigentes sindicales y vecinales.

Desde niños, niñas y adolescentes en edad escolar hasta adultos mayores, revisaron y aportaron a la construcción de nuevas políticas públicas y normativas, que permitan mejorar la situación de contaminación industrial e injusticia ambiental de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón. Las conversaciones, que reunieron a unas 100 personas en total, tuvieron lugar en el marco de una serie de talleres participativos organizados por el Proyecto Tayú “Justicia Ambiental, Derechos Humanos y Cambio Climático: del abandono de las comunidades a la política pública mediante articulación territorial en el Chile Central”.

El Proyecto, desarrollado y ejecutado por Fundación Terram y financiado por la Unión Europea, organizó los 11 encuentros entre el 21 de noviembre y el 15 de diciembre y participaron activamente dirigentes de juntas de vecinos y juntas de adelanto; representantes de los sectores de la salud y de la educación; dirigentes de los sindicatos de Codelco División Ventanas; dirigentes del Sindicato de Pescadores de Horcón, organizaciones de la sociedad civil; y ONGs ambientalistas, de las tres comunas.

La Directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, explicó que, para llevar adelante estas actividades, se elaboró un diagnóstico que identifica diez brechas a superar para avanzar en hacerse cargo de la problemática de contaminación que existe en la Bahía . Entre ellas, está la existencia de contaminantes no normados, como el arsénico o los compuestos orgánicos volátiles; la falta de actualización en las normativas o los bajos estándares de las mismas, que no siguen los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud; en definitiva, normas escasas, que además resultan ser permisivas. “El análisis que hacemos y que venimos profundizando hace 12 años, tiene como trasfondo una actuación estatal tardía, insuficiente y reactiva a las catástrofes ambientales y sanitarias de mayor connotación pública en la zona, y una postura exculpatoria de las empresas sobre su responsabilidad. Es hora de que el Gobierno asuma un rol activo y realice cambios profundos que permitan terminar con las Zonas de Sacrificio, tal como fue su promesa”, afirmó Liberona.

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El jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Ewout Sandker, señaló en tanto que “desde la Unión Europea nos parece clave apoyar iniciativas como el Proyecto Tayú, donde las comunidades son parte activa de los procesos de definición de medidas para mejorar las condiciones ambientales de su territorio. La recuperación de zonas tan afectadas por la contaminación y la crisis climática, como la que abarca este proyecto, requiere de una participación ciudadana empoderada y responsable que, junto a los demás actores que comparten el territorio, avancen en la lucha contra el cambio climático y la protección del derecho a un ambiente sano y libre de contaminación”. políticas públicas

El Director del Proyecto Tayú, Rodrigo Herrera Jeno, declaró estar satisfecho por el resultado de los encuentros, que en su opinión logró una fructífera discusión acerca de las insuficiencias de política pública y normativa planteadas por Fundación Terram, que se vieron enriquecidas por nuevas ideas de los y las habitantes del territorio. “Los conceptos de justicia ambiental, derechos humanos y cambio climático, que son los pilares del Proyecto Tayú y que deben ponerse de relieve para mejorar lo que hoy es precario, tuvieron su resonancia en las conversaciones con las personas. Así, por ejemplo, destacó que la vulneración al derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se entendió como interdependiente del derecho al trabajo, a la seguridad alimentaria, y a la educación, entre otros, todos los cuales deben ser respetados tanto por el Estado como por las empresas”.

De acuerdo a Herrera, la motivación que mostraron quienes participaron de los talleres se debió en gran medida a que vieron que en este Proyecto su opinión y vivencias son parte de la construcción inicial de las propuestas de cambios que deberían realizarse en la denominada Zona de Sacrificio y, sobre todo, porque tendrán a su disposición los resultados, lo que no siempre ocurre con los estudios que se realizan en el área.

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El Proyecto Tayú, financiado por la Unión Europea a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, tiene una duración de 28 meses (marzo 2022 a junio 2024), y se abocará a la recopilación e incorporación de propuestas para mejorar o generar nuevas políticas públicas y normativas emergidas en los talleres de Quintero, Puchuncaví y Concón. Estas serán integradas  al documento diagnóstico elaborado por Fundación Terram en el marco de este Proyecto y, finalmente, presentarlas a quienes estuvieron participando en un seminario que se realizará en el mes de marzo de 2023. Paralelamente, el equipo del Proyecto Tayú continuará trabajando en el territorio, sobre la temática de destrucción y/o degradación de bosque nativo y formaciones xerofíticas, para la cual se contemplan talleres desde abril de 2023 en diversas localidades de toda la Región de Valparaíso. políticas públicas