La Municipalidad de Puchuncaví reveló y defendió, este 30 de septiembre de 2026, la contratación de la médica venezolana Lorengris Prieto De Llorens, quien se desempeñó en el Departamento de Salud sin haber aprobado el examen EUNACOM. El alcalde Marcos Morales y el director jurídico Rodrigo Calderón respondieron formalmente al diputado Javier Olivares y justificaron la medida ante la escasez de profesionales y la necesidad de asegurar la atención primaria en la comuna.
La médica venezolana Lorengris Prieto De Llorens actualmente presta servicios en el Departamento de Salud Municipal de Puchuncaví bajo la modalidad de honorarios. Su contrato fue suscrito el 1 de julio de 2026 y posteriormente ratificado por el alcalde Marcos Morales a través del Decreto Alcaldicio N° 1449. A pesar de contar con título universitario, la profesional aún no aprueba la etapa práctica del examen EUNACOM.
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El director jurídico municipal, Rodrigo Calderón, fundamentó la decisión citando la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Esta normativa permite la contratación excepcional y transitoria de médicos extranjeros sin el examen nacional aprobado. Esta medida se adopta para garantizar la continuidad de las prestaciones de salud ante situaciones acreditadas de escasez de profesionales en la zona.
Las autoridades locales detallaron que realizaron múltiples concursos públicos para cubrir los cargos en el Servicio de Urgencia Rural. Las convocatorias se ejecutaron periódicamente desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026, pero todas resultaron desiertas por falta de postulantes. Este fracaso en los llamados obligó al municipio a mantener a la profesional para evitar el colapso de la atención médica.
Previamente, la doctora se desempeñó en el Gabinete Psicotécnico del Departamento de Tránsito, evaluando condiciones físicas para licencias de conducir. En ese rol, el municipio consideró que el EUNACOM no era exigible según un dictamen de la Contraloría de 2017. Su traslado al área de salud primaria ocurrió tras ser reemplazada en el gabinete psicotécnico en octubre de 2025.
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Finalmente, el municipio informó al diputado Javier Olivares que no se instruyó ningún procedimiento sumarial ni disciplinario contra los funcionarios involucrados. La administración local sostiene que actuó conforme a derecho y a los criterios de la Contraloría, sin incurrir en responsabilidad administrativa. Por tanto, la médica continúa atendiendo a la comunidad mientras regulariza su situación profesional en el país.
