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¡Muertos que cobran! Contraloría destapa fraude millonario en planta aguas servidas de Horcón

La Contraloría Regional de Valparaíso formuló un reparo de 458 millones de pesos a la Municipalidad de Puchuncaví el 13 de noviembre de 2026, tras descubrir graves irregularidades en los contratos de las plantas de aguas servidas de Horcón. El organismo fiscalizador detectó que entre los años 2023 y 2025 se pagaron servicios no acreditados a empresas como Alquinta y Asociados, en un escándalo administrativo que afectó directamente a la comunidad local.

El informe final estableció que el municipio careció de mecanismos de control para validar las prestaciones de las plantas elevadoras y de tratamiento. Los fiscalizadores comprobaron que los proveedores presentaron informes técnicos insuficientes y fotografías duplicadas para cobrar millonarios estados de pago, lo que evidenció una falta absoluta de supervisión por parte de las autoridades comunales encargadas de proteger la salud ambiental del territorio.

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Uno de los hallazgos más alarmantes del examen de cuentas reveló que se incorporaron documentos suscritos por Edgardo Andrés Alquinta Arredondo, representante legal de una de las empresas adjudicatarias, pese a que este individuo registraba fecha de defunción antes de la emisión de dichos antecedentes. Esta grave irregularidad, que incluyó la gestión de cobros y recepciones conformes, motivó que la Contraloría remitiera los antecedentes directamente al Ministerio Público para las investigaciones penales correspondientes.

Además del reparo económico, el organismo contralor ordenó instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales involucrados en estos hechos. Las deficiencias fueron tales que se aprobaron tratos directos de emergencia sin justificación real, lo que permitió la continuidad de servicios permanentes sin licitación pública y vulneró los principios de libre concurrencia, transparencia y probidad que debieron regir en la administración de los recursos del Estado.

Esta situación generó un profundo malestar entre los vecinos y organizaciones territoriales de la zona, quienes históricamente denunciaron el abandono sanitario y la contaminación que afectó a las localidades de Horcón, Quintero y Puchuncaví. La comunidad exigió respuestas inmediatas ante la comprobación de que los recursos destinados a mitigar el impacto ambiental de las plantas de aguas servidas fueron malversados sin ningún tipo de fiscalización técnica ni sanitaria por parte de las autoridades.

Las autoridades locales enfrentan el plazo de sesenta días hábiles para acreditar la recepción técnica de las obras y reconstruyan la trazabilidad financiera de los contratos observados. Mientras el Ministerio Público investiga la eventual suplantación de identidad y fraude, los habitantes del borde costero mantienen su exigencia de transparencia, y recordaron que la correcta operación de estas plantas resulta vital para la recuperación ecológica de la bahía y la salud pública.