Establecer de manera fehaciente quiénes realmente fueron afectado con la contaminación

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Cuando ocurren eventos de contaminación, con evidente daño a la salud en una población; es fundamental establecer de manera fehaciente quiénes realmente fueron afectados, distinguiéndolos de quienes consultaron por otras causas; y por otro lado, quiénes realmente estuvieron expuestos. Con esto, podemos establecer claramente los factores de riesgo, y el impacto que tuvieron. No se trata de una tarea fácil. Debemos distinguir en una avalancha de casos aquellos atribuibles al episodio de contaminación, contando que muchas veces la sintomatología puede confundirse con otras cosas.

Por ello, una tarea que debe ser asumida precozmente por la Autoridad Sanitaria es el registro de los casos, con sus síntomas. De esta forma, podemos establecer una “definición de caso”, lo que nos permite definir formas de manejo de los casos, además de acotar las posibilidades de agentes causales. En el caso presente, por desgracia, la severidad que implica la abundancia de síntomas neurológicos facilitaría incluso precisar aquellos casos que resultan más probables.

El Ministerio de Salud ha invertido millones en capacitar,  dotar de instrumental y hasta vistosa indumentaria, a “equipos de respuesta rápida” por todo el país. Se supone que son precisamente equipos como aquellos que deberían haber “respondido rápidamente” en un caso de la vida real, como este, más allá de simulacros mediáticos en que solemos verlos. En un sistema organizado, esperaríamos encontrar desde el primer momento a este equipo sistematizando la información de las atenciones, que los equipos asistenciales – preocupados de salvar vidas – no pueden registrar acuciosamente. La falla en generar e interpretar aquellos datos en el momento, implica que los equipos de salud atiendan a ciegas. Es sorprendente, y hasta cierto punto escandaloso, que la Seremi de Salud no haya realizado esta labor desde un comienzo; en especial en un territorio con una historia de décadas de exposición a contaminantes, con múltiples eventos graves en los últimos años, y contando con los equipos para ello. Existen o al menos existieron procedimientos establecidos para ello hace más de 10 años en la Autoridad Sanitaria, aunque la rotación de autoridades que incumplen la exigencia legal de tener formación en salud pública conspira contra una gestión técnicamente adecuada.

Ante ello, resulta esperanzador que sean las propias organizaciones de madres/padres y apoderados quienes vislumbraron la necesidad de reconstruir esta historia, de entender desde una perspectiva técnica lo que ocurrió. Ha sido su iniciativa la que ha permitido convocar a la gente para que traiga los documentos de atención.

Por eso, junto a un grupo de estudiantes de séptimo año, del Internado de Atención Primaria de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso hemos asumido la gratificante tarea de ponernos a disposición de este proceso, en que la organización comunitaria está dando cátedra a la institucionalidad sanitaria, y que nos permite aprender ayudando. Esperamos contar pronto con una base de datos común a todos los actores, de forma que la gestión de la emergencia y el abordaje posterior del tema de fondo: que la bahía de Quintero deje de ser una zona de sacrificio, se base en información trasparente y de calidad.

                                                Dr. Aníbal Vivaceta de la Fuente,                                                                                 Médico Salubrista. Facultad de Medicina,                                     Universidad de Valparaíso

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