La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la invariabilidad tributaria del artículo 29, lo que provocó una reserva de constitucionalidad por parte del diputado Jaime Mulet, de la FRVS. El parlamentario calificó la norma como inconstitucional ante la mesa directiva, pues consideró que vulnera principios democráticos y patrimoniales establecidos en la Carta Magna. La legislación estableció un régimen diferenciado para inversiones superiores a 50 millones de dólares y congeló las directrices fiscales por cuatro periodos presidenciales.
El representante detalló que la disposición afectaba directamente la soberanía nacional y el carácter democrático del Estado, conforme a los artículos 4 y 5 de la Constitución. Asimismo, señaló que la norma infringía las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, protegidos en el número 19 del mismo texto fundamental. La medida generaba una fractura estructural en el sistema económico, al instaurar privilegios para iniciativas con capitales elevados mientras mantenía cargas distintas para el resto de los contribuyentes.
Frente a este escenario, el legislador confirmó que presentaría un requerimiento ante el Tribunal Constitucional una vez que el proceso legislativo alcanzara su etapa correspondiente. Expuso que la rebaja de impuestos corporativos y el debilitamiento de los estándares ambientales solo beneficiaban a grandes consorcios, asfixiando deliberadamente a la mediana y pequeña empresa. Mulet advirtió que esta asimetría normativa profundiza la concentración económica en pocos actores, contradiciendo el principio de un reparto tributario equitativo.
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Finalmente, el congresista instó a la Cámara Alta a revisar minuciosamente los alcances de la legislación, argumentando que el recinto bajo había cerrado el debate de manera apresurada. Manifestó que la invariabilidad fiscal hipotecaba la autonomía de las futuras administraciones gubernamentales, utilizando la reconstrucción nacional como un pretexto para modificar las reglas del juego tributario. Reiteró que el Estado debía garantizar un marco legal equitativo, defendiendo el interés general y preservando los pilares constitucionales de la República.
