Más de 70 alcaldes de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana se reunieron este martes con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda para abordar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), recientemente presentada por el gobierno. Durante el encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expuso los lineamientos de la iniciativa ante los jefes comunales, quienes luego plantearon sus preguntas y reparos.
La agenda ACOT contempló una reforma constitucional que consagró la seguridad como un deber del Estado e incorporó un nuevo Estado de Excepción Constitucional por grave alteración de la seguridad pública, fiscalizado en territorios afectados por conductas delictivas. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, cuestionó que la iniciativa solo estableciera el deber estatal y no el derecho ciudadano a exigir seguridad, mientras que el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, se declaró «profundamente decepcionado» al considerar que las medidas no siguieron la dirección de los acuerdos previos.
La cita estuvo marcada por la salida anticipada de algunos ediles opositores, entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y el propio Toledo. El subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, defendió que la invitación se extendió sin distinciones y llamó a «construir de manera conjunta políticas públicas». Toledo, en tanto, aclaró que su retiro se debió a la partida previa del ministro Arrau por motivos de agenda y criticó que alcaldes afines al gobierno formularan preguntas ajenas al corazón de la reforma.
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Desde el oficialismo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), destacó la realización del encuentro a solo días de presentada la reforma y aseguró que no vio «a ningún alcalde en mala disposición». Su par de Las Condes, Catalina San Martín, se manifestó «muy contenta» y calificó la conversación como algo inédito, mientras que el jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respaldó avanzar en cambios legales y constitucionales, aunque pidió otorgar mayores facultades a los municipios para enfrentar incivilidades en la vía pública.
