El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad durante los primeros seis meses del gobierno del presidente José Antonio Kast, según reveló un reportaje de Interferencia. Los decretos se dictaron entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 y generaron cuestionamientos de parlamentarios, mientras el ministro Fernando Rabat defendió las decisiones y apeló a la jurisprudencia de la Corte Suprema.
De acuerdo con la investigación publicada por Interferencia, 27 de los beneficios correspondieron a condenas por abuso sexual y otros 29 por violación. Los decretos se emitieron a un ritmo promedio de uno cada tres días y, durante ese período, solo se rechazó una solicitud, la de un condenado por abuso sexual contra un menor. Ninguno de los 56 actos administrativos respondió a un recurso de amparo u otra acción judicial presentada por los sentenciados.
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Las solicitudes fueron acogidas administrativamente tras la revisión de antecedentes y de los requisitos legales. El procedimiento se amparó en la Ley 19.856, que reguló la reducción de condenas en función de factores como la conducta de las personas privadas de libertad. Sin embargo, la Ley 21.421, promulgada en 2022, incorporó restricciones que excluyeron de ese beneficio a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad, una tensión que marcó el debate posterior.
Consultado por los antecedentes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó las rebajas y defendió el procedimiento de su cartera. Sostuvo que la Corte Suprema resolvió que quienes ya accedían al beneficio antes de 2022 eran merecedoras de él. “Lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, explicó. Ante los reparos por la falta de información pública, respondió que los actos administrativos fueron públicos.
Los cuestionamientos llegaron desde distintos sectores políticos por tratarse de condenas vinculadas a delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó la situación como extremadamente grave y reprochó que las rebajas se concedieran administrativamente, sin una resolución judicial específica en cada caso, al sostener que se trató de un indulto parcial. También la diputada Lorena Fries (FA) cuestionó la coherencia entre el endurecimiento penal impulsado por el gobierno y la entrega de estos beneficios.
El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) sumó reparos al procedimiento y manifestó que esperó que los casos fueran revisados por los tribunales. La controversia se concentró entonces en la facultad administrativa del Ministerio y en la falta de resoluciones judiciales específicas que cuestionaron los parlamentarios, en un debate que puso en el centro la ley promulgada en 2022 y la doctrina invocada por el Ejecutivo para justificar los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores.
