lunes, junio 1, 2020
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Corte porteña ratifica pena de cárcel para exedil Cynthia Marín

Tribunal de alzada rechazó el recurso presentado por la defensa de la exjefa de gabinete de la Gobernación porteña en la anterior administración de Sebastián Piñera.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió ayer mantener la sentencia en contra de la exconcejala de Limache y exjefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso, Cynthia Marín (Ind. pro RN). El 4 de abril de este año, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota la declaró culpable del delito reiterado de fraude al Fisco, debiendo cumplir una condena de diez años de presidio efectivo, además de quedar inhabilitada para ocupar cargos públicos por el mismo periodo y tener que cancelar una multa equivalente al 10% del perjuicio causado.

En el escrito, el tribunal de alzada desechó la tesis presentada por el abogado defensor de la exedil, Juan Carlos Manríquez, que apuntaba a que durante la investigación no se habría acreditado la participación de ella en los hechos. Además, la Corte porteña tampoco consideró que Marín supuestamente ya no era funcionaria pública cuando se cometió la defraudación, que fue lo que planteó su abogado con la eventual finalidad de que una recalificación del delito le permitiera a la exconcejala de Limache cumplir una condena en libertad.

Cabe recordar que la investigación en contra de Marín -hermana del presidente del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, Percy Marín, y cuñada de la diputada Camila Flores, ambos militantes de RN- se inició en 2015 y estuvo a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Su origen estuvo a partir del cuestionado destino que tuvieron los $ 37 millones que la “Agrupación para el Desarrollo de la Familia” -la cual Marín ayudó a constituirse- se adjudicó tras postular dos proyectos a los recursos del 2% del FNDR.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía Regional, las iniciativas -que debían ser ejecutas en la comuna de Limache- no se efectuaron o su realización fue deficiente, al punto que durante el juicio oral se expuso que los talleres realizados sólo consideraban una inversión de $ 150 mil. Incluso, el Ministerio Público acusó a la otra condenada en el caso -Catherine Carrasco- de presentar facturas ideológicamente falsas al momento de la rendición de los proyectos.

Y si bien durante el juicio oral Cynthia Marín en todo momento sostuvo que abandonó la agrupación una vez que ya estaba constituida, el Tribunal de Quillota logró acreditar -a través de las pruebas y testimonios que presentó la Fiscalía- que la exconcejala sí participó activamente en el retiro de dichos recursos.

“Resultó acreditado que tenía perfecto conocimiento de la existencia de los fondos, que tenía el control de los mismos y que dispuso lo necesario para obtener materialmente ese dinero, lo que devela con meridiana claridad que no solamente conocía y quería el tipo penal, sino que buscaba el específico propósito de apropiarse de los fondos fiscales, lo que constituye dolo directo”, indica el fallo emitido ayer por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Tras conocer la resolución del tribunal de alzada, el abogado Juan Carlos Manríquez consideró como “improcedente” que se haya mantenido una sentencia que a su juicio contiene “defectos notorios”.

Por ello, de manera inmediata aclaró que acudirá hasta la Corte Suprema para intentar revertir la condena, y sostuvo que por ahora lo hará a través de un recurso de queja, sin perjuicio de que en los próximos días pueda definir un nuevo camino judicial. Se estima que la defensa tiene cinco días hábiles para acudir al máximo tribunal.

“Siempre existe la posibilidad de recurrir contra una sentencia injusta o desproporcionada, y en este caso nuestro ordenamiento contempla recursos extraordinarios, y por tanto no descartamos nada: ni la jurisdicción doméstica ni tampoco aquella que signifique hacer cumplir compromisos internacionales del Estado chileno respecto del pleno respeto de los derechos procesales de los justiciables, que en este caso a nuestro juicio no han sido amparados del todo”, comentó el abogado de Marín.

Para el fiscal que lideró la investigación, Patricio Toro, el fallo de la Corte es “contundente” puesto que acredita la acción dolosa que tuvo Marín durante todo el proceso de adjudicación y recepción de los recursos por parte de la agrupación que ella misma creó.

En esa línea, el persecutor también valoró que en la sentencia se haya ratificado que durante los hechos la exconcejala sí era funcionaria pública, lo que es excluyente para condenarla por el delito de fraude al Fisco (ver nota relacionada).

“No es efectivo que no haya sido funcionaria pública porque a la fecha de la presentación, aprobación y pago de recursos vinculados al proyecto, Cynthia Marín era jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso. No hay ninguna duda de eso y este fallo ratifica con contundencia lo que ya había considerado el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota”, indicó el fiscal Toro.

En cuanto al recurso de queja que anunció Manríquez, si bien el persecutor de la Urac de Valparaíso expresó que es la Corte Suprema la que deberá “evaluar su procedencia”, explicó que se trata de una acción más bien administrativa, de modo que la pena de cárcel en contra de Marín que fue ratificada ayer por la Corte no se vería interrumpida por ahora.

“No es un recurso de apelación (lo que presentará la defensa), puesto que no es procedente a estas alturas revisar los hechos y derechos de esta resolución. (El recurso de queja) tiene más bien un objetivo por desvirtuar el fallo por otras vías, y así obtener una modificación del fallo de la Corte de Apelaciones”, sostuvo ayer el fiscal Patricio Toro.

Por lo mismo, lo que correspondería en este caso es que la Corte de Valparaíso derive el fallo hasta el Tribunal de Quillota y a su vez al Juzgado de Garantía de Quillota para ejecutar la sentencia. De hecho, cercanos a la Corte confirmaron ayer a este Diario que la causa ya tiene la orden para que se devuelva al Tribunal de origen, y que a través del sistema de interconexión debiese llegar de inmediato.

En esa línea, Toro confirmó que en caso de que ambas condenadas no se presenten al penal correspondientes una vez que sean notificadas (se prevé que Marín deba cumplir su condena en la cárcel de mujeres de Quillota), el Tribunal de Limache deberá remitir órdenes de detención en contra de ambas personas.

“Por de pronto, lo que efectivamente corresponde es que el Juzgado de Garantía de Limache, ante la no presentación de las condenadas, despache órdenes de detención en contra de ellas”, dijo el fiscal que lideró la investigación.

Tras los alegatos sobre el recurso de nulidad, los que se realizaron el pasado 21 de mayo, el abogado Manríquez señaló a este Diario que por la elevada condena que había recibido Cynthia Marín él estimaba que en este caso “se ha querido acumular las penas que no se han impuesto en SQM, Penta, Corpesca o cualquier otro tipo de investigaciones” relacionadas con el dinero y la política.

Consultado al respecto, ayer el core Percy Marín, tras conocer el fallo de la Corte de Apelaciones, también criticó la forma en cómo se ha llevado el proceso, insistiendo en que “sigo confiado en la inocencia de mi hermana, que hoy es víctima de una terrible injusticia”.

“Como familia esto ha sido muy duro. Vemos una justicia extremadamente politizada y vemos una ridícula desproporción de penas en un país sobrepasado por una delincuencia desatada, precisamente por la indulgencia y negligencia de los tribunales, que con un espíritu extremadamente garantista tiene libre en las calles a homicidas, violadores y criminales de alto riesgo para la ciudadanía”, dijo el presidente del Core de Valparaíso.

En sus palabras, Marín hizo relación a que en el caso de su hermana, “una mujer intachable, que dedicó su vida a servir a los demás siendo una tenaz fiscalizadora de los recursos públicos, la están condenando a una pena mayor a si hubiere cometido un homicidio”.

Por lo mismo, el consejero reiteró el escenario planteado por Manríquez, asegurando que “la defensa agotará las instancias que sean necesarias para alcanzar justicia”.

“Siempre existe la posibilidad de recurrir contra una sentencia injusta o desproporcionada”

Juan Carlos Manríquez, Abogado de Cynthia Marín”

“Lo que corresponde es que el Juzgado de Limache, ante la no presentación de las condenadas, despache órdenes de detención”

Patricio Toro, Fiscal de la Urac Valparaíso”


CORTE EXPLICA LAS RAZONES PARA CONFIRMAR QUE MARÍN SÍ ERA FUNCIONARIA PÚBLICA

Durante el tiempo en que se tramitó el recurso de nulidad, trascendió que uno de los principales objetivos que tenía la defensa de Marín era que se recalificara el delito de fraude al Fisco por el de estafa, lo que inmediatamente hubiese hecho rebajar la condena en un grado (cinco años), permitiéndole así a Marín cumplir una eventual pena en un régimen de libertad. Sin embargo, lo anterior no fue recogido por la Corte de Apelaciones, la que explicó que el perjuicio al Fisco se cometió independiente del cargo en que en ese momento ella mantenía.

“Contrariamente a lo que plantea la defensa de la encartada Marín Vera, el hecho que ella haya variado la función en que se desempeñaba dentro de la administración pública, sea como concejala, sea como jefa de gabinete en el Gobierno Regional carece de relieve, porque tal variación no incide en el establecimiento de la calidad funcionario público como elemento del tipo penal, tal como ocurre en otras figuras, puesto que cualquiera de las dos satisface las exigencias del artículo 260 del Código Penal, que comprende tanto a los empleados públicos del Estado central como de la administración municipal, incluidos los de elección popular”, indica el fallo del Tribunal porteño.

Respecto al recurso que presentó la defensa de Catherine Carrasco, éste buscaba que se considerara su colaboración durante la investigación. No obstante, tampoco fue acogido.

“Sigo confiado en la inocencia de mi hermana, que hoy es víctima de una terrible injusticia”

Percy Marín, Hermano de Cynthia Marín y presidente del Core de Valparaíso”


“REFLEJA UNA DESIGUALDAD


CON QUIENES NO SON ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS”

Para el exfiscal de la Unidad de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo Pinto -quien renunció al Ministerio Público en abril de este año por no compartir la suspensión condicional que se le ofreció al senador Iván Moreira en el marco del caso Penta-, la sentencia en contra de la exconcejala Cynthia Marín es la acertada por el tipo de delito y el monto defraudado.

Sin embargo, el abogado alertó que a partir de este caso quedaría en evidencia que efectivamente existe una desigualdad ante la ley, la que estaría favoreciendo principalmente a quienes mantienen altos cargos en la esfera del Estado.

– El abogado de Cynthia Marín acusó a la Fiscalía de querer sumar en esta investigación todas las condenas que no se han alcanzado en otros casos como SQM, Penta o Corpesca. ¿Cree que aquí efectivamente existe una diferencia por tratarse de una exconcejala y no, por ejemplo, de un parlamentario en ejercicio, como ha ocurrido en otros procesos?

– Lo primero es que a mí me parece que esta es una condena adecuada por cuanto efectivamente se trata de un grave delito, que es defraudación al Fisco por una cantidad relevante de dinero. Y me parece que la condena responde a un muy buen trabajo que ha hecho el fiscal Patricio Toro. Ahora, lo que sí llama la atención es que junto a esta condena -bastante alta-, existan otras salidas distintas que el mismo Ministerio Público ha ofrecido o ha llegado por delitos semejantes sin este tipo de condenas. Por ejemplo, en abril, en la misma semana en que fue condenada esta señora, en el Juzgado de Garantía de Talca se suspendió condicionalmente una causa en contra del senador (Juan) Castro (RN), también por delitos de fraude al Fisco y por montos semejantes. Entonces, claramente lo que a mí me parece es que faltan explicaciones de por qué -no en este caso, sino en otros- la Fiscalía no actúa con la misma rigurosidad que lo ha hecho en la causa de Cynthia Marín.

– ¿A qué atribuye usted la disparidad de criterios que ha tenido la Fiscalía para casos similares?

– A mí me parece que cuando la Fiscalía se ha estado enfrentando a personas con cargos políticos altos, como son senadores, diputados o ministros, ha tenido una mucha menor intensidad en la persecución penal que ha ejercido, y eso es particularmente grave porque contraería el principio de la igualdad ante la ley.

– Tampoco se trata de nivelar hacia abajo para que todos los casos tengan un trato similar…

– Exacto. Por eso insisto en que el resultado de hoy es el correcto, y refleja un muy buen trabajo del fiscal Patricio Toro. Pero al mismo tiempo, pone muy de manifiesto la falta de rigor que ha tenido la persecución penal en los demás casos, y eso deja en evidencia un problema grave de desigualdad ante la ley respecto de las personas que no son altos funcionarios públicos versus los demás.

– ¿Pasa por la mayor capacidad de presión que eventualmente podrían tener las personas que ostentan un cargo mayor?

– Creo que siempre las personas intentan ejercer presiones. No le veo problema a eso. Lo que me parece negativo es que la Fiscalía no tenga la fortaleza institucional para resistir a esas presiones y tomar las decisiones que en derecho corresponda. Lo que debió haber pasado, por ejemplo, en los casos de los senadores que han sido investigados como (Iván) Moreira, Juan Castro, o en el caso de la persona jurídica SQM, o los controladores de Penta, (Carlos Alberto) Délano y (Carlos Eugenio) Lavín, es que la Fiscalía debió haber tenido fortaleza institucional para haber llevado adelante estos casos hasta el final, en lo posible mediante juicios orales. Pero lamentablemente no tuvo esa fortaleza, y el resultado de eso es que se ha generado un problema de falta de igualdad ante la ley bastante severo.

– ¿Cree que este caso, o cualquier otro que vincule el dinero con la política donde se logre una condena de cárcel, puede marcar un precedente para que la Fiscalía defina ciertos criterios comunes?

– Sí, porque creo que en algún momento la Fiscalía va a tener que volver a la sana doctrina de que estas causas deben ser siempre resueltas con el máximo rigor y, en lo posible, con juicios orales. Lamentablemente hoy no está sucediendo y espero que se modifique.

– El abogado de Cynthia Marín dijo que presentaría un recurso de queja para intentar revertir la sentencia. ¿Le ve viabilidad?

– El derecho de petición de presentar estos recursos siempre está, pero la viabilidad de que un recurso de ese tipo prospere… lo veo bastante bajo.

“Me parece que esta es una condena adecuada por cuanto efectivamente se trata de un grave delito, que es defraudación al Fisco por una cantidad relevante de dinero””

10 añosde cárcel efectiva deberá cumplir Cynthia Marín tras confirmarse su participación como autora del delito de fraude al Fisco. Su abogado presentará un recurso en la Corte Suprema.

$ 37 millonesfue el monto que, según ratificó la justicia, la exconcejala de Limache defraudó mientras se desempeñaba como jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaiso, en 2012.

$ 150 milfue el total que, según la Fiscalía, invirtió la agrupación de Marín en dos proyectos para la comuna de Limache, lo que equivale a sólo el 0,4% de los recursos que se les adjudicaron.

Fuente Mercurio Valparaiso

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