La Corte Suprema fijó para el próximo jueves 11 de abril los alegatos de la causa que agrupa doce recursos interpuestos por parlamentarios, particulares y organizaciones ambientales por los casos de contaminación ambiental e intoxicación masiva ocurridos entre agosto y septiembre del año pasado en las comunas de Quintero y Puchuncaví.
El máximo tribunal deberá abordar el tema luego que los libelos fueran rechazados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Lo complejo del caso, según los abogados recurrentes, es que el máximo tribunal determinó que sólo un abogado se presentara ante la corte para alegar los doce recursos, situación que para los recurrentes es imposible de aplicar porque cada uno de los recursos es en contra de diferentes entidades y las garantías que se solicitan para los defendidos son diferentes.
La resolución del tribunal quedó explícita en un documento publicado el 1 de abril en el historial del caso que consta en la página web del Poder Judicial. Allí se expone que quedó «acordada la decisión de traer los autos en relación con el voto en contra del ministro Aránguiz, quien estuvo por conocer en contra los recursos de apelación». Y se manifestó que tras esto «los recurrentes apelantes y recurridos apelados deberán designar, según sus respectivos intereses, un procurador común para los efectos de realizar sus alegaciones orales ante la Corte».
Apelando a la garantía de defensa en cada uno de los casos, los abogados han presentado recursos de reposición en contra de esta decisión de la Suprema.
El primero en ingresar la solicitud de reposición fue el abogado que defiende la causa «Francisco Chahuán contra Enap», Christian Lucero, quien precisó que «nosotros estamos argumentando que aquí hay intereses diversos. Cómo va a representar un mismo abogado causas que son diferentes. Yo, por ejemplo, estoy en contra de una empresa y otros que recurren contra un servicio. Eso es una contradicción».
