En agosto de 2018, más de 1.800 niños sufrieron intoxicaciones masivas en las comunas de Quintero y Puchuncaví, desatando una crisis sanitaria que marcó un antes y un después en la lucha ambiental de la zona. María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño y de la Fundación Salud Digna Quintero Puchuncaví, emergió como una de las voces más firmes en esta defensa. Con más de 30 años de activismo comunitario, su compromiso se intensificó tras la intoxicación de su propia hija, entonces con 22 años, un episodio que la impulsó a denunciar la negligencia estatal y empresarial frente a la contaminación crónica.
La bahía, antaño conocida por su riqueza natural y vocación pesquera, hoy carga con la huella de un cordón industrial integrado por más de 18 empresas, entre ellas Gasmar, Oxiquím y Copec, cuyas emisiones de hidrocarburos y metales pesados han deteriorado el aire, el mar y el suelo. Araya describe un entorno donde la flora y fauna se han debilitado y donde los cuerpos de los vecinos —especialmente los de los niños— acumulan toxinas. Uno de los casos más alarmantes, según ella, es el de una niña cuyos niveles de arsénico alcanzaron los 104 miligramos por litro de sangre, casi el triple del límite permitido para adultos, en ausencia de normas específicas para menores.
María Araya subraya que la contaminación no solo afecta a las familias, sino también a los propios trabajadores del cordón industrial, muchos de los cuales enferman al retirarse, tras años de exposición silenciosa a sustancias tóxicas. Aunque no se opone a la presencia de las empresas —reconoce su rol laboral para la comunidad—, insiste en que deben operar con tecnologías limpias y protocolos actualizados. “No pedimos que se vayan”, aclara, “pedimos que dejen de enfermarnos”.
La dirigenta denuncia una constante en las relaciones entre Estado, empresas y comunidad: las consultas públicas son meros trámites sin peso real. “Nos preguntan, pero no nos escuchan”, afirma. Esta indiferencia institucional, según Araya, convierte a Quintero-Puchuncaví en una “zona de sacrificio”, donde la pobreza, el género y la identidad territorial se entrelazan para determinar quiénes cargan con el costo de la contaminación. Las mujeres, especialmente madres, han sido las primeras en movilizarse, liderando marchas y mesas de trabajo en defensa de la salud de sus hijos.
A pesar de múltiples movilizaciones y diálogos, los resultados han sido mínimos. La respuesta del Estado, a todos sus niveles, ha sido fragmentada y contradictoria. “Llevamos siete años con intoxicaciones recurrentes y nadie sabe aún qué nos está envenenando”, lamenta. El hospital local, con apenas tres médicos y un presupuesto anual de 7.000 pesos per cápita, es un reflejo de ese abandono. “Somos el patio trasero del país”, dice Araya, “y el cordón energético que alimenta a Chile no cuenta ni con un hospital digno”.
La dirigenta valora la labor de los pescadores y su Federación, aunque prefiere no juzgar sus tácticas. “Cada organización tiene su forma de luchar”, reconoce con respeto. Lo que sí tiene claro es que la bahía ya perdió su identidad turística y cultural, reemplazada por una etiqueta industrial que ha roto con tradiciones ancestrales. “Ya no somos lo que éramos”, dice con nostalgia, “pero seguimos siendo quienes defendemos lo que queda”.
Su propuesta es concreta: una mesa tripartita —comunidad, empresas y Estado— que impulse la adopción de Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) y garantice una vigilancia ambiental rigurosa. Para ella, el verdadero cambio no depende de recursos financieros, sino de voluntad política y empresarial. “No sirve la plata si no hay compromiso con la vida”, enfatiza.
Araya manifestó agradecer el rol de los medios de comunicación, a quienes considera “el apéndice que nos da voz”. Sin su cobertura, dice, las autoridades seguirán tomando decisiones desde sus oficinas, ajenas a la realidad del territorio. “Ellos nos hacen visibles”, afirma, “y sin visibilidad, no hay justicia”.
Aunque reconoce el desánimo de muchos compañeros que han abandonado la lucha, María Araya mantiene viva la esperanza. Sueña con un futuro donde sus hijos respiren aire limpio y donde la salud no sea un lujo. “Las esperanzas uno nunca las pierde”, dice con firmeza, “pero necesitamos que alguien finalmente nos escuche”.
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Su mensaje al país es contundente: Quintero y Puchuncaví no son un problema local, sino un espejo de las fallas sistémicas del modelo de desarrollo chileno. “Aquí se produce la energía que mueve a Chile, pero nos pagan con enfermedad y olvido”, denuncia. Por eso, insiste, la solución no es solo técnica, sino ética: reconocer que detrás de cada dato de contaminación hay vidas que merecen respeto.
María Araya cierra la entrevista con una mirada que mezcla cansancio y determinación. “Mientras haya un niño intoxicado, seguiremos en pie”, asegura. Porque defender la bahía, para ella, no es solo proteger un ecosistema, sino honrar el derecho a vivir con dignidad en el lugar al que pertenece su familia desde hace décadas.
Guardianes Del Medio Ambiente
Proyecto financiado por Fondo de fomento de medios de comunicación social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional
