La administración de José Antonio Kast oficializó la aplicación periódica de test de drogas y revisiones exhaustivas de antecedentes a subsecretarios y asesores directos durante las últimas semanas del mes. Esta determinación respondió a un compromiso estructural de probidad que se consolidó desde el inicio del mandato presidencial y que involucró de manera directa a los equipos técnicos del Poder Ejecutivo nacional.
El nuevo protocolo se enmarcó en una serie de exigencias administrativas que impulsó La Moneda desde el primer día de gestión, cuando se implementaron análisis capilares para rastrear consumos prolongados. Las fuentes gubernamentales destacaron que la estrategia buscó elevar los estándares institucionales de transparencia y evitó que personal sin los requisitos éticos adecuados asumiera funciones críticas en las distintas carteras del Estado.
Diversos actores del espectro político respaldaron públicamente la iniciativa, pues el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, calificó la acción como un mensaje contundente de transparencia hacia la ciudadanía. Por su parte, el analista Rodrigo Meléndez recordó que naciones latinoamericanas como México y Ecuador aplicaron mecanismos similares para frenar la infiltración del narcotráfico.
En la oposición, el diputado Cristián Tapia, del PPD, sostuvo que la medida debería extenderse a todas las autoridades, mientras que Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, también la valoró y señaló que entrega una señal frente al avance del narcotráfico.
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La Contraloría General de la República vinculó formalmente estas pruebas toxicológicas con otras obligaciones patrimoniales y declarativas de posibles conflictos de interés, aunque surgieron debates internos sobre el alcance operativo de la política. Mientras los voceros del oficialismo defendieron la necesidad de restaurar la confianza institucional tras los cuestionamientos a gestiones anteriores, diversos observadores técnicos advirtieron que el verdadero impacto de la fiscalización quedó supeditado a la rigurosidad en la aplicación normativa durante todo el proceso.
