La Cámara de Diputadas y Diputados declaró inadmisible este lunes la moción presentada por el diputado Luis Cuello (PC) para establecer una realeza portuaria, en una votación que concluyó con 47 votos en contra, 41 a favor y tres abstenciones. La iniciativa, que buscaba redistribuir ingresos portuarios hacia las comunidades locales, fue defendida por parlamentarios y autoridades de ciudades puerto como Valparaíso y San Antonio, quienes asistieron a la sesión. El rechazo ocurrió pese a los llamados a reconsiderar la calificación jurídica inicial de la secretaría de la Cámara, y fue considerado un revés para las regiones afectadas por externalidades portuarias sin compensación económica. La decisión adquiere relevancia nacional por su impacto en la política portuaria, la descentralización fiscal y el equilibrio entre desarrollo económico y justicia territorial.
Durante la sesión, el diputado Cuello criticó duramente a sus pares, acusándolos de “dar la espalda” a las ciudades puerto y de permitir que la iniciativa fracasara por ausencias y tardanzas injustificadas. “Hemos sido testigos de la falta de responsabilidad de muchos parlamentarios”, lamentó, al tiempo que anunció que insistirán con el proyecto en el futuro. Su discurso estuvo acompañado de carteles en tribunas a favor de la realeza, lo que provocó tensiones y llamados al orden del presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quien parecía que se violaban las normas parlamentarias. La situación derivó en la retirada de alcaldes y autoridades locales que presenciaron la votación, simbolizando la frustración de las comunidades afectadas.
Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, expresó su “profundo lamento” tras la votación y se dirigió a un llamado directo al presidente Gabriel Boric, instándolo a presentar una reforma portuaria que incluya mecanismos de redistribución de ingresos. “Las comunidades no pueden seguir cargando solo con las externalidades negativas”, afirmó, subrayando la necesidad de justicia territorial y equidad económica. Nieto confió en que el Ejecutivo tomó la iniciativa en los próximos meses, convirtiendo el fracaso legislativo en una oportunidad para impulsar una política de Estado que equilibre el desarrollo portuario con el bienestar de las zonas impactadas. Su intervención reflejó el sentimiento de múltiples actores regionales que ven en la realeza una herramienta clave para financiar infraestructura, medioambiente y servicios públicos.
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En contrapunto, la Asociación Nacional de Agentes de Naves (Asonave) manifestó su preocupación por el proyecto, advirtiendo que una realeza portuaria podría afectar la competitividad del sistema logístico nacional y encarecer las operaciones de comercio exterior. El gremio propuso en su lugar una fórmula alternativa de recaudación que garantice ingresos fiscales sin perjudicar la eficiencia portuaria ni los flujos comerciales. Esta postura evidencia la tensión entre intereses económicos centralizados y demandas regionales por mayor autonomía financiera. Mientras los puertos chilenos siguen creciendo como ejes estratégicos del comercio global, el debate sobre cómo repartir sus beneficios se intensifica, dejando en evidencia una brecha política que aún no encuentra consenso en el Congreso.
