Según consta en la Resolución exenta N°28, del 24 de enero de 2024, del Consejo para la Transparencia, los hechos se remontan a febrero del año 2023, cuando dicha entidad instruyó una investigación sumaría a la Municipalidad de Puchuncaví, por una eventual infracción a los artículos 46 de la Ley de Transparencia, notificándose al municipio el 20 de marzo de 2023 del inicio de este trabajo.
Durante el desarrollo de la investigación sumaria el municipio hizo entrega de algunos antecedentes (oficios, decretos alcaldicios, expedientes, entre otra documentación) con los que buscó explicar por qué no estaban a disposición de las personas en el sitio web de “Transparencia Activa”, de manera permanente y actualizada, la información relacionada a “Ordenanzas Municipales”, “Patentes Comerciales”, “Decretos rechazo de renovación de patentes de alcoholes”, “Permisos de Obras” (especialmente referidos a permisos de edificación), “Llamados a concursos públicos”.
Después de analizados los antecedentes, los involucrados no concurrieron a dos citaciones que les hizo el Consejo para la Transparencia. Por este motivo, el 12 de octubre de 2023, el Consejo formuló cargos contra el Alcalde Marcos Morales Ureta, el Director Jurídico de la época, Pablo Castro Olivos, y el Administrador Municipal, Mauricio Ahlers Narváez, a quienes se les responsabilizó bajo el cargo de “incumplimiento injustificado de las normas de transparencia activa”, pues en la responsabilidad de sus cargos no adoptaron las acciones o medidas oportunas y eficaces para subsanar la ausencia de la información en el sitio web de Transparencia Activa.
SANCIÓN
Posteriormente con fecha 9 de noviembre de 2023, la investigación sumaria propuso al Consejo para la Transparencia, aplicar al alcalde Marcos Morales Ureta, al ex Director Jurídico y al Administrador Municipal, una sanción correspondiente a un descuento del 35% de su sueldo.
La sanción consideró aspectos como que ninguno de los involucrados presentó descargos; en la indagación todos reconocieron las infracciones imputadas; y que no concurre la atenuante de “irreprochable conducta anterior” ni para el alcalde, ni el ex Director Jurídico, puesto que ya habían sido sancionados anteriormente en otra investigación sumaria. Estimado lector sobre este punto ahondaremos más adelante.
AGRAVANTES
En la sesión ordinaria N°1.406, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, aprobó y validó por unanimidad la investigación sumaria que se realizó en el municipio, en la que se acredita la responsabilidad del alcalde, del director jurídico y del administrador municipal, haciendo la salvedad que respecto de cada uno de los inculpados “concurren circunstancias agravantes de responsabilidad”.
En el caso del alcalde Marcos Morales y el exdirector Jurídico, Pablo Castro Olivos, no concurre la atenuante de “irreprochable conducta anterior”, puesto que ambos ya habían sido investigados y sancionados en otra investigación sumaria anterior, donde se les aplicó una multa de un 30% de su remuneración.
Debido a estas agravantes, en la sesión del Consejo Directivo, éste determinó modificar la sanción propuesta por el investigador aumentando la multa a un descuento del 40% del sueldo de los tres involucrados.
IMPEDIR EL CONTROL SOCIAL
Sin embargo, el Consejo para la Transparencia concluye en su Resolución Exenta N° 28 (que se encuentra publicada en su sitio web www.consejotransparencia.cl) que hubo “falta de colaboración durante la investigación sumaria para el esclarecimiento de los hechos investigados” de parte del alcalde Marcos Morales, del exdirector Jurídico y del Administrador Municipal. Lo anterior, indica el mismo documento, “dificultó el esclarecimiento de la infracción a las normas de transparencia activa”.
Y quizás una de las consecuencias más graves de todo esto, es que el Consejo afirma que existe información que aún no es publicada en el sitio de Transparencia Activa, lo que “impide que la población ejerza un control social en el ámbito local”.
ROL DE LOS CONCEJALES
Pero además de la gravedad de que el alcalde Marcos Morales y su exdirector Jurídico sean sancionados por segunda vez por el Consejo para la Transparencia y ahora se sume el Administrador Municipal, bien cabe preguntarse por el rol fiscalizador del Concejo Municipal.
¿Los concejales sabrán que la primera sanción determinada por el Consejo para la Transparencia, que indica un descuento de un 30% del sueldo del alcalde y el exdirector jurídico aún no se materializa?
¿Por qué no han ejercido un rol fiscalizador real con la cantidad de solicitudes de transparencia hechas por la comunidad y a las cuales no se dio respuesta durante mucho tiempo?
¿Nunca se dieron cuenta que faltaba tanta información en Transparencia Activa?
¿El Concejo Municipal está cumpliendo su rol fiscalizador o está cayendo en una situación de abandono de deberes?
Lo que queda claro es que se necesita un Concejo Municipal empoderado, que efectivamente fiscalice situaciones tan graves como las que investigó el Consejo para la Transparencia, de manera que la información y los actos de una administración municipal estén a la vista de los vecinos y vecinas, y así se pueda ejercer el tan necesario “control social”.
¿LA RENUNCIA “CON ELÁSTICO” DEL DIRECTOR JURÍDICO?
Una de las personas mencionadas en la Resolución Exenta N°28, en la que se le sindica como responsable de los incumplimientos investigados y que además dentro del municipio tiene a cargo todo lo relacionado con la Ley de Transparencia, es el director jurídico.
Hasta hace unos días, ese cargo lo ocupaba Pablo Castro Olivos, sin embargo, hoy ya no es así, ya que con fecha 1 de marzo el alcalde le aceptó la renuncia, después de que haya existido una grave desavenencia entre ambos, la que incluso se filtró a través de redes sociales
Pero el problema no es que hayan tenido un problema y el director Jurídico haya renunciado o el alcalde le haya pedido la renuncia. El problema es lo que pasó después de eso, puesto que en una “movida” altamente cuestionable o extraña, Pablo Castro Olivos, fue recontratado por el propio municipio, pero bajo la figura de funcionario a honorarios, con un sueldo de $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos) mensuales.
¿Cuál es la razón de fondo para que el alcalde despida a un funcionario y al otro día se le contrate bajo otra modalidad por un sueldo no menor, qué cualquier profesional quisiera tener?
Lamentablemente, esta práctica altamente cuestionable, no es la primera vez que se realiza en esta administración, pues ya ocurrió con otro funcionario que llegó con el alcalde Marcos Morales, a quien se le quitó su contrato modalidad “a contrata” pasándolo a honorarios, pero con un sueldo superior.
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PRIMERA SANCIÓN
Pero sin duda, dentro de todo este reportaje hemos podido evidenciar que la Municipalidad simplemente no cumple con lo que dice la Ley de Transparencia, y tampoco hace caso de las resoluciones y sanciones del Consejo para la Transparencia.
Esto lo mencionamos porque ya existió una investigación sumaria anterior, caratulada como S25-21, del año 2021, en la que se responsabiliza por primera vez al alcalde Marcos Morales y al director jurídico Pablo Castro, por no cumplir con “la entrega oportuna de la información en la forma decretada por el Consejo para la Transparencia en sus decisiones ejecutoriadas recaídas en los amparos C1774-21, C3383-21 y C58-19”, sancionándolos con el descuento del 30% de su sueldo.
Cabe mencionar que ambos apelaron y presentaron un recurso de reposición contra esta resolución, sin embargo, el Consejo para la Transparencia, considerando todos los antecedentes, mantuvo a firme la sanción, lo que quedó plasmado en la Resolución Exenta N° 501 del 2022 (que también se encuentra disponible en el sitio web www.consejotransparencia.cl) ordenando el descuento del 30%, pero que por razones que nadie sabe aún no se realiza.
