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Se realizó en Quintero el seminario “Desafío de Gestión de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural frente a la nueva Ley 20.998”

En la localidad rural de Mantagua se desarrolló el martes 15 de marzo, el seminario “Desafío de Gestión de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural frente a la nueva Ley 20.998”, para abordar la crisis hídrica que afecta a nuestro país.

La actividad organizada por la Municipalidad de Quintero en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades -ACHM-, tenía como objetivo visibilizar el problema hídrico en la comuna, las diferentes alternativas para solucionar el problema y la necesidad de actualizar las directivas de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural -APR-, para mejorar la distribución de este elemento vital.

El alcalde Mauricio Carrasco Pardo, explicó que atendiendo a la crisis hídrica que vive la región, “para nosotros era muy importante traer a través de esta línea que abrió la Asociación Chilena de Municipalidades estos seminarios, para el mejor aprovechamiento del agua potable rural, con mucha información, con la ley nueva que se va a aplicar”.

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“Hay información que no teníamos como municipalidad, pero especialmente para las personas que son socios de las APR y los que las administran, para poder buscar las líneas de financiamiento necesarias para la mantención, para los cálculos de agua, todo lo que se requiere para inscribir las APR y para que funcionen de forma regular y mucha eficiencia”, destacó el jefe comunal.

Con la entrada en vigencia de la nueva ley, el Ministerio de Obras Públicas -MOP- entregará una licencia a los comités y cooperativas de agua potable rural existentes, que los autoriza para proveer los servicios de agua potable y saneamiento en un área geográfica delimitada y en la que se establece sus derechos y obligaciones.

Maria Yalena Chávez, secretaria Técnica de la Comisión de Recursos Hídricos de la ACHM, dijo que “fue un agrado poder contarles lo que son los desafíos de la Ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales, pero además contarles que en estricto apego a la situación que hoy día tenemos de cambio climático, son muchas otras acciones que debemos hacer no sólo por respetar una ley que está vigente desde noviembre 2020, sino porque día a día vemos un desmedro finalmente en nuestra calidad de vida cuando no tenemos acceso al agua de consumo humano asegurada”.

Respecto a las alternativas tecnológicas que hoy existen para enfrentar la crisis hídrica, expuso el profesor Esteban Sefair, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, quien planteó, “creo que hablamos mucho, hay muchas ideas, pero al momento de las soluciones creo que estamos un poco lento, en virtud de la forma en como avanza esta problemática que nos afecta finalmente a todos los que habitamos Chile”.

“Hoy hablé específicamente del tema, tratando de desmitificar algunas cosas alrededor de la ósmosis (inversa), que es una tecnología ampliamente probada, hay más de 20 mil plantas en el planeta, es una tecnología asequible que solucionaría básicamente el tema de todo lo que está cerca del borde costero”, opinó el académico de la Universidad de Valparaíso.

Al MOP le corresponderá mantener un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, con las licencias y la información relevante de cada servicio, por lo que todos los comités y cooperativas existentes deberán inscribirse en el plazo de 2 años.

En esta línea la encargada del Departamento de Participación Ciudadana y Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de Quintero, Alim Jara, indicó que los comités y cooperativas deben actualizar sus registros pues, “para acceder a cualquier tipo de beneficio, subsidio, y cualquier enriquecimiento para estos comités, deben tener vigencia, que es lo indispensable para poder postular a cualquier cosa, entonces sin esta vigencia van a quedar fuera del sistema”.

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La Ley N° 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales entró en vigor el 20 de noviembre del año 2020 para garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento para los habitantes del sector rural de Chile, se reconoce a las organizaciones sociales como los operadores y administradores de los servicios sanitarios en su territorio y establece el rol del Estado como proveedor de la infraestructura, ejecutando obras para servicios existentes y nuevos.