La reciente declaración del Humedal El Bato como humedal urbano en Quintero debería haber sido una fiesta para la participación ciudadana y la transparencia. Sin embargo, lo que presenciamos fue un espectáculo de exclusión que deja un sabor amargo. Mientras la ministra de Medio Ambiente, María Heloisa Rojas Corradi, y el Seremi de la cartera Alex Galleguillos se deshacían en elogios hacia la «colaboración público-privada», los portones de la empresa Copec se cerraban herméticamente para la prensa local. ¿Qué clase de hito ambiental se celebra a espaldas de los comunicadores que día a día informan a la comunidad sobre la realidad de esta zona de sacrificio?
Resulta paradójico, por decir lo menos que, en una comuna históricamente golpeada por la contaminación y la desconfianza hacia los gigantes industriales, las autoridades decidan validar un proyecto dentro de una de estas mismas empresas sin permitir el escrutinio periodístico. Si la gestión del humedal es tan ejemplar como aseguran la Fundación Kennedy y la municipalidad, ¿cuál era el miedo de permitir que las cámaras y micrófonos locales registraran el evento? La libertad de prensa no es un accesorio decorativo para las fotos oficiales; es el mecanismo de control que la ciudadanía necesita para creer en estas supuestas «alianzas».
Este cerco informativo solo alimenta las sospechas de una comunidad que ha aprendido, a la fuerza, a no confiar en lo que se firma entre cuatro paredes. Al impedir el ingreso de los medios independientes, el Gobierno y Copec transformaron un acto de protección ecológica en un evento corporativo privado con sello estatal. No se puede hablar de «conexión con la naturaleza» cuando se desconecta deliberadamente a la opinión pública del proceso. Si el humedal es un bien público bajo la protección de la ley, el acceso a la información sobre el mismo no debería depender del visto bueno de un guardia de seguridad en una empresa privada.
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El desafío de recuperar el espejo de agua y proteger la biodiversidad en El Bato es enorme, pero el desafío de recuperar la confianza de Quintero es aún mayor. Gestos como este solo profundizan la brecha. La autoridad ambiental debe entender que su lealtad debe estar con el ecosistema y la transparencia, no con el protocolo de una empresa que busca limpiar su imagen. La próxima vez que hablen de «protección a perpetuidad», esperamos que también incluyan la protección al derecho de la prensa de estar presente, preguntar y, sobre todo, incomodar a quienes prefieren el silencio.



