La semana pasada, la administración del presidente Kast aprobó una reforma fiscal en la cámara de diputados, que elevó la tasa impositiva de las pequeñas empresas del doce coma cinco al veintitrés por ciento, mientras recortó tributos a los grandes patrimonios. Este giro legislativo, impulsado por el Ejecutivo y respaldado en la cámara de diputados, traslada inmediatamente la carga financiera a los consumidores. Los protagonistas serían los pequeños comerciantes, los ciudadanos que asumieren los sobreprecios y los grandes grupos económicos, quienes consolidaron una estructura tributaria que priorizo a los más acomodados.
La narrativa oficial vendió esta medida como un mecanismo de reconstrucción nacional, pero los números revelaron una realidad distinta que castigó la base productiva del país. Al duplicar la presión tributaria, el Estado no solo incrementó la carga sobre los emprendedores que generarán empleo local, sino que también validó un modelo donde el ahorro fiscal de las élites se financió con el bolsillo de la clase media y baja. Los almacenes de barrio y las ferias familiares enfrentarán un dilema insostenible: absorber la pérdida y cerrar sus puertas o trasladar el impuesto y perder competitividad frente a las grandes cadenas.
La ciudadanía volverá a convertirse en la verdadera financiadora de los recortes, tal como lo advirtieron los economistas independientes antes de la votación en la cámara de diputados y diputadas. Cuando la mercadería ingresó con factura y rebajas impositivas para las grandes empresas, el beneficio nunca bajó a la góndola, sino que se quedó en las utilidades corporativas. Mientras tanto, el pequeño comerciante debió asumir una carga que no pudo eludir, lo que distorsiona el mercado y encarece la canasta familiar sin ninguna contraprestación social tangible.
Este diseño legislativo evidencia una visión económica que confunde la reconstrucción con la acumulación, ignorando que la salud fiscal de un país depende de su tejido empresarial más frágil. Las pymes no disponen de departamentos legales ni estructuras contables para optimizar tributos como lo tienen los conglomerados que serán beneficiados con la implementación de esta ley, por lo que un aumento abrupto se traduce directamente en desinversión y despidos. La administración de Kast pareció olvidar que la reactivación real nació del comercio local, no de los incentivos dirigidos a sectores que ya contaron con márgenes holgados.
La aprobación apresurada de esta norma reveló un cálculo político que sacrificó la equidad tributaria en favor de una narrativa de crecimiento que solo benefició a unos pocos. Los legisladores Chiara Barchiesi (Partido Republicano, Benjamín Lorca (Partido Republicano), Luis Pardo (Renovación Nacional), Javier Olivares (Partido de la Gente), que respaldaron el texto ahora enfrentan el desafío de explicar por qué se penalizo al emprendedor mientras se premió al gran capital. Si el gobierno no rectifica su rumbo y no escucha a las cámaras de comercio locales, el costo social de esta medida se medirá en cierres de negocios, aumento del desempleo y un profundo desencanto democrático.
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Urge revisar este enfoque antes de que la brecha entre la economía formal y la informal se vuelva insalvable para miles de familias. La reconstrucción auténtica exige un sistema tributario progresivo que no castigue al que tributa en la esquina, sino que distribuya la carga con justicia y transparencia. Mientras no se corrijan estos desequilibrios, la ciudadanía seguirá pagando los platos rotos de una política fiscal que ignora la realidad cotidiana. El país necesita un pacto económico que proteja al pequeño, no que lo asfixie en nombre de un supuesto progreso.
