La estatal cuprífera Codelco despidió a César Márquez, gerente de Presupuesto, después de que una auditoría interna confirmara una sobreestimación de producción cercana a veintisiete mil toneladas reportadas a fines de 2025. La empresa sancionó a otros siete altos mandos y anunció una denuncia formal ante el Ministerio Público por los hechos que alteraron gravemente los indicadores financieros y operacionales de la corporación.
La investigación se activó tras una denuncia anónima que recibió la presidenta del Comité de Auditoría durante febrero de 2026. El equipo auditor determinó que la inflación de datos generó bonos irregulares por 14,3 millones de dólares, los cuales se repartieron entre seis mil trabajadores y gerentes de Chuquicamata, Ministro Hales y la administración central.
El ejecutivo validó el registro de veinte mil toneladas de óxidos en Chuquicamata porque aplicó erróneamente la normativa contable vigente, según expusieron las fuentes del directorio. Aproximadamente siete mil toneladas adicionales provinieron de polvos metalúrgicos en el depósito Montecristo, donde las autoridades omitieron permisos esenciales para su reconocimiento y comunicaron la decisión al presidente ejecutivo.
La directiva impuso sanciones disciplinarias a los siete gestores restantes, cinco en divisiones operativas y tres en la casa matriz. Diversas fuentes internas señalaron una conexión con Mauricio Barraza, exvicepresidente de operaciones, quien salió de la empresa en febrero de 2026 por omisiones informativas ante Sernageomin. Los documentos revisados sugirieron su proximidad a las decisiones contables cuestionadas.
Márquez, ingeniero de la Universidad de Santiago, acumuló diecinueve años en la cuprífera y lideró la gerencia de presupuestos desde 2016. También ocupó directorios en Kairos Mining y en la isapre Isalud, lo que reflejó su amplia influencia corporativa. Excolaboradores aseguraron que el profesional no manipuló las cifras por iniciativa propia, sino que distorsionó los resultados para superar las metas del año anterior.
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El directorio sesionó intensamente para ratificar las medidas correctivas y estableció un protocolo de transparencia financiera que evitara futuros desvíos normativos. La compañía designó equipos externos que auditaron los procesos de control y recuperaron los montos pagados indebidamente a los beneficiarios. Cuando los medios contactaron al gerente desvinculado, este declinó que emitiera declaraciones sobre el fin de su vínculo laboral.
