El presidente José Antonio Kast rindió su cuenta pública ante el Congreso Nacional este primero de junio, donde expuso los balances de sus primeros 82 días de gestión y detalló las medidas urgentes que impulsó para enfrentar la emergencia fiscal, la crisis de seguridad y las largas listas de espera en salud.
La seguridad pública se ubicó como el eje central del mensaje, dado que el jefe de Estado reconoció las cifras preliminares de homicidios y destacó el despliegue de operativos fronterizos y tecnológicos en las principales ciudades. El gobierno informó la creación de siete fuerzas de tarea especializadas y anunció un registro oficial de vándalos para sancionar conductas que deterioraron el patrimonio y la convivencia. Además, se comprometió a respaldar institucionalmente a Carabineros y a mejorar las condiciones de los policías desplegados en terreno. El mandatario enfatizó que el orden no representó una restricción, sino la condición indispensable para garantizar la libertad familiar.
En el ámbito económico, el presidente confrontó la compleja realidad fiscal heredada y confirmó que el déficit estructural cerró en un tres coma siete por ciento del producto interno bruto. Para corregir este desbalance, su administración ejecutó medidas de contención por más de un billón trescientos mil millones de pesos sin tocar los beneficios sociales prioritarios. El mandatario insistió en que la reactivación económica constituyó la única vía sostenible para generar empleos y reducir la alta tasa de desempleo femenino. Asimismo, impulsó la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional con el objetivo explícito de alcanzar un crecimiento anual del cuatro por ciento.
La destrabación de inversiones marcó otro hito relevante, puesto que el ejecutivo resolvió el sesenta por ciento de los recursos de reclamación que mantuvieron paralizados proyectos millonarios. Gracias a una plataforma de seguimiento diario y a la articulación de un comité ministerial, se aprobaron trece mil novecientos millones de dólares durante el mes de mayo. El gobierno también anunció una modernización regulatoria para la pequeña y mediana minería, eliminando trámites burocráticos que frenaron el desarrollo productivo regional. Estas acciones buscaron transformar la inversión en un motor de empleo formal y en una herramienta clave para la superación de la pobreza.
La emergencia social recibió un tratamiento específico mediante la declaración de alerta oncológica y la implementación de un plan de noventa días que aceleró la atención de pacientes críticos. Las autoridades sanitarias contactaron al noventa y nueve por ciento de las personas en lista de espera y habilitaron más de cuatro mil ochocientos cupos complementarios en el sector privado. Paralelamente, se avanzó en reformas educacionales que priorizaron la protección escolar, la autonomía de los directores y la devolución del derecho de elección a los padres. El ejecutivo subrayó que el fortalecimiento familiar y la reducción de la brecha habitacional constituyeron pilares transversales de su política social.
El combate a la corrupción institucionalizó una revisión exhaustiva del gasto fiscal que identificó irregularidades en programas sociales y retrasos en pagos a proveedores. Para cerrar estas brechas, el gobierno propuso la fusión de dos ministerios, la creación de una fuerza de tarea legal contra licencias médicas fraudulentas y la modernización del sistema de alta dirección pública. La transparencia se consolidó mediante el impulso de la ley de acceso a la información pública, con el fin de garantizar un escrutinio ciudadano más riguroso. El mandatario sostuvo que un estado eficiente y fiscalizable representó la base para recuperar la confianza en las instituciones democráticas.
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El cierre del discurso reafirmó un llamado a la unidad política y a la responsabilidad compartida para sacar al país de la emergencia heredada. Kast destacó que los mejores días de la nación aún no llegaron y que la reconstrucción requirió esfuerzo, sacrificio y una mirada puesta en el largo plazo. Las autoridades legislativas y la ciudadanía escucharon un mensaje orientado a la acción concreta, priorizando resultados medibles por sobre discursos vacíos. El gobierno se comprometió a mantener el rumbo y a demostrar, con hechos verificables, que Chile pudo volver a levantarse y a consolidarse como un referente regional.
