En los últimos días, Puchuncaví ha sido escenario no de un avance en la democratización de la información, sino de una operación que, bajo el disfraz de un nuevo medio de comunicación, exhibe todos los síntomas de una maniobra torpe, malintencionada y potencialmente delictiva. Lo que se presenta como un esfuerzo periodístico no es más que un montaje que tergiversa la realidad, enloda nombres y viola los principios más elementales de la ética comunicacional.
El lanzamiento de este supuesto medio —cuya legitimidad ya está bajo sospecha— no solo carece de credibilidad, sino que evidencia una clara intención de manipulación política. Dos concejales, electos democráticamente por los vecinos para representarlos y fiscalizar el poder local, han sido objeto de una campaña de desprestigio que mezcla hechos reales con acusaciones falsas, omitiendo que lo que hacen está dentro del marco de sus funciones. No han cometido delitos; han cumplido con su deber. Pero en este nuevo «medio», sus acciones son retorcidas, sacadas de contexto y presentadas como si fueran actos de corrupción o ilegalidad. Nada más alejado de la verdad.
Peor aún: detrás de este emprendimiento no hay transparencia, sino opacidad. La empresa que supuestamente lo financia, «Comunicaciones Bahía Online SpA», no solo suena a nombre fantasma, sino que, según fuentes confiables y verificaciones preliminares, podría tratarse de una figura jurídica inexistente o utilizada de manera fraudulenta. Si esto se confirma —y ya se están tomando las acciones legales correspondientes—, no estamos frente a un caso de mala práctica periodística, sino de posible delito: uso de identidad falsa, simulación de empresa, difamación y, en el mejor de los casos, ejercicio ilegal del periodismo.
Este tipo de maniobras no son nuevas. En tiempos de polarización y desinformación, surgen actores que aprovechan la debilidad institucional de ciertos territorios para instalar narrativas distorsionadas, muchas veces con fines de chantaje, presión política o extorsión encubierta. Aquí, el «manotazo de ahogado» es evidente: alguien, probablemente con intereses oscuros en juego, intenta desestabilizar a autoridades legítimas antes de que sigan ejerciendo su control democrático.
Pero estos intentos, por muy sofisticados que parezcan, suelen fracasar. Y no solo por la resistencia ciudadana, sino porque cometen errores garrafales: no citan fuentes, no permiten derecho de réplica, usan lenguaje de tabloide sensacionalista y, lo más grave, inventan realidades. Y cuando se cruzan líneas como la creación de empresas falsas o la difusión de información sabidamente errónea, no se trata ya de opinión o crítica: se entra en terreno penal.
Como periodista, me indigna que el noble oficio de informar sea utilizado como arma de guerra sucia. El periodismo ético no enloda, investiga. No acusa sin pruebas, contrasta. No se esconde tras sociedades pantalla, se muestra con nombre y apellido. Y cuando se equivoca, rectifica. Todo lo contrario, a lo que estamos viendo en este caso.
Las autoridades afectadas, junto a sus asesores legales, ya han anunciado que emprenderán acciones penales y civiles contra quienes estén detrás de este montaje. Y con razón. Porque no se puede permitir que, bajo el manto de la «libertad de prensa», se legitimen operaciones de desprestigio orquestadas desde la sombra, con documentos falsos e intenciones turbias.
Este episodio debería servir de advertencia: en la era de la información, la desesperación por controlar la narrativa puede llevar a cometer errores que no solo arruinan reputaciones ajenas, sino que pueden terminar con quienes los cometen tras las rejas. La ley chilena es clara: calumnia, difamación, ejercicio ilegal de la profesión y uso de instrumentos falsos son delitos. Y no hay disfraz de «medio de comunicación» que los absuelva.
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La ciudadanía de Puchuncaví merece medios serios, independientes y éticos. No farsas digitales que usan el periodismo como cortina de humo para intereses ajenos al bien común. Que quede claro: aquí no hay libertad de expresión en juego. Hay manipulación, hay riesgo legal, y hay un manotazo de ahogado que, lejos de salvar a quien lo da, podría hundirlo para siempre.
