Gremios de prensa repudiaron categóricamente los intentos de la fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, por obtener datos confidenciales de las comunicaciones de once periodistas que investigaban el caso Hermosilla. Los hechos ocurrieron en el marco de una querella por revelación de secreto interpuesta por Juan Pablo Hermosilla, hermano del abogado Luis Hermosilla, tras la filtración de chats vinculados a una compleja red de cohecho, lavado de activos y otros delitos. Entre agosto y septiembre de 2024, la fiscal presentó al menos tres solicitudes ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para acceder a registros de llamadas, geolocalización y otros metadatos de reporteros de medios como La Tercera, Ciper, Reportea, The Clinic y La Bot, todas rechazadas por la justicia.
Las organizaciones periodísticas consideraron que estas acciones constituían una grave vulneración al secreto profesional y a la reserva de la fuente informativa, derechos protegidos por la Ley 19.733. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Federación de Medios coincidieron en señalar que tales medidas amenazan no solo la labor periodística, sino también la salud de la democracia, al disuadir a fuentes de revelar información de interés público por temor a represalias. Ambas entidades recalcaron que la reserva de fuentes no es un privilegio individual, sino un pilar del periodismo independiente.
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La fiscal Díaz Obilinovic actuó tras recibir la delegación del caso desde el fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, en el contexto de una investigación derivada de la difusión progresiva de conversaciones privadas del imputado Luis Hermosilla. Sin embargo, los tribunales determinaron que no existía fundamento legal suficiente para vulnerar la protección constitucional de los comunicadores. El fallo del 27 de agosto marcó un precedente crucial al reafirmar los límites del poder judicial frente a los derechos fundamentales del ejercicio periodístico.
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Ante este escenario, los gremios exigieron al Ministerio Público y al Poder Judicial respeto irrestricto a la normativa vigente y llamaron a abstenerse de incluir a periodistas en investigaciones que busquen, de forma directa o indirecta, identificar fuentes. “El periodismo no debe ser perseguido ni limitado por medidas intrusivas que puedan abrir espacio a la censura o al autocontrol forzado”, concluyó la Federación de Medios, en un llamado que resuena como un recordatorio de los riesgos que enfrenta la libertad de prensa cuando se cruzan los límites del debido proceso y la protección legal del oficio.
