La audiencia de formalización por el caso conocido como “Muñeca Bielorrusa” se desarrolló este sábado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía expuso una red de pagos encubiertos vinculada a siete fallos de la Corte Suprema que beneficiaron al consorcio Belaz Movitec en sus demandas contra Codelco. Los protagonistas del caso son Gonzalo Migueles, esposo de la exministra Ángela Vivanco, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes actuaban como representantes del consorcio chileno-bielorruso.
Durante la segunda jornada de la audiencia, el fiscal adjunto Marco Muñoz y la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer detallaron cómo los fallos favorables, emitidos entre julio de 2023 y marzo de 2024, coincidieron con transferencias millonarias y operaciones en dólares. La exministra Vivanco habría utilizado su cargo para influir en las decisiones del máximo tribunal, a cambio de retribuciones económicas canalizadas a través de su pareja y los letrados vinculados al caso.
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La Fiscalía describió al menos tres momentos críticos en los que los pagos ilícitos se sincronizaron con resoluciones judiciales: el 4 de julio de 2023, el 18 de octubre de 2023 y el 14 de marzo de 2024. En cada instancia, Codelco fue obligada a desembolsar miles de millones de pesos al consorcio, mientras que flujos de dinero —por montos que van desde 45 millones hasta casi 200 millones de pesos— llegaban a los imputados mediante contratos simulados, giros en efectivo y compras de divisas.
Uno de los elementos más contundentes presentados fue la “ruta de los US$ 15.600”, que Migueles depositó en su cuenta personal el 5 de julio de 2023, un día después del primer fallo favorable a Belaz Movitec. Según la Fiscalía, ni él ni Vivanco tenían recursos declarados que explicaran el origen de esos fondos. Además, registros de georreferenciación sitúan a ambos en las oficinas de los abogados Lagos y Vargas el día del fallo, y a Migueles en la sucursal del BCI el día del depósito.
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El tribunal decidió suspender la audiencia hasta el lunes 10 de noviembre, con una sesión extendida que se prolongará hasta las 17:00 horas. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los tres imputados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, en un caso que ha generado conmoción por la presunta corrupción al interior del Poder Judicial y su impacto en una empresa estatal estratégica como Codelco.
