En una asamblea extraordinaria realizada en Quintero durante los últimos días, alcaldes y autoridades de comunas con puertos concesionados reafirmaron su compromiso con la implementación de un royalty portuario que permita compensar las externalidades negativas que enfrentan sus territorios. La cita, convocada por la Asociación de Municipalidades, Ciudades y Puertos Concesionados de Chile (AMCPC), contó con la participación del alcalde anfitrión Rolando Silva, la alcaldesa de Caldera Brunilda González, el alcalde de Los Vilos Christian Gross, concejales regionales y varios candidatos a diputados entre ellos Manuel Millones, quienes coincidieron en la urgencia de una reforma tributaria portuaria.
Los líderes comunales denunciaron que, pese al crecimiento económico de los puertos privados, las municipalidades no reciben beneficios fiscales directos, mientras asumen la carga de los impactos sociales, ambientales y de infraestructura derivados de su operación. Rolando Silva subrayó que Quintero, declarada comuna turística, no recibe tributos por la actividad portuaria y debe gestionar problemas como contaminación, congestión vehicular y deterioro de la calidad de vida sin los recursos necesarios. La propuesta central es que el 50 % de una futura tasa portuaria quede en la comuna donde se ubica el puerto, y el otro 50 % sea destinado al gobierno regional.
Brunilda González, alcaldesa de Caldera, destacó que la discusión no es nueva —data de la década de 1990—, pero cobró impulso tras la aprobación del royalty minero, que demostró que la competitividad no se ve afectada por este tipo de gravámenes. González propuso una sobretasa de entre 1 y 3 dólares por tonelada movilizada, cifra que, a su juicio, es mínima para las empresas, pero transformadora para las comunas. “No se cayó el mundo con el royalty minero, y tampoco se caerá con el portuario”, afirmó, enfatizando que los recursos permitirían mejorar salud, medio ambiente y turismo.
Manuel Millones, por su parte, planteó que la solución debe construirse en diálogo con los operadores privados para evitar cuestionamientos de inconstitucionalidad, dada la naturaleza contractual de las concesiones portuarias. Abogó por un esquema gradual de cuatro a cinco años y por la inclusión de alcaldes en los directorios de las empresas portuarias, además de la creación de tres macrozonas portuarias con autoridades propias que faciliten la gobernanza. “Esto no es ideológico, es de sentido común”, insistió, al señalar que las ciudades portuarias enfrentan mayores presiones por crimen organizado, tráfico y deterioro urbano.
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La asamblea concluyó con un llamado unánime a la ciudadanía y al Congreso Nacional para respaldar una iniciativa que, según los participantes, marcará “un antes y un después” en la equidad territorial. Los alcaldes coincidieron en que solo con recursos frescos y sostenibles podrán proteger la calidad de vida de sus habitantes y diversificar sus economías más allá de la dependencia industrial. Ahora, la propuesta espera ser debatida en el Senado y la Cámara de Diputados, con la esperanza de que el gobierno del presidente Gabriel Boric impulse su tramitación como ley de la República.
