Este miércoles 13 se realizó en Sucre, Bolivia, la 171º sesión de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se denunció la situación de contaminación de las llamadas “zonas de sacrificio” en Chile.
En representación del Colegio Médico asistió la Dra. Juanita Fernández, presidenta de nuestro Dpto. DDHH, Medio ambiente y Biodiversidad, junto a Alejandra Donoso, abogada de la Defensoría Ambiental, y Katta Alonso, presidenta de la agrupación Mujeres en zonas de sacrificio en resistencia, quienes se refirieron a la contaminación en Antofagasta, Puchuncaví, Huasco, Coronel, Tocopilla y Mejillones.
“Como médicos nos preocupa la salud de la población. Antofagasta, Quintero, Huasco, por ejemplo, tienen presencia industrial contaminante hace más de 50 años y muestran daño acumulativo”, sostuvo la Dra. Fernández.
“Los casos de Antofagasta y Puchuncaví-Quintero resultan emblemáticos, porque son zonas en la que la actividad industrial contaminante lleva funcionando más de 50 años y muestran el daño acumulativo que el tiempo de exposición al riesgo puede causarle a la salud de la población en otras zonas del país, de seguir en esta misma senda. A su vez, Quintero cuenta sólo con un hospital pequeño, cuya pobreza de recursos no se condice con la enorme riqueza que genera el complejo industrial adyacente y no está preparado para atender emergencias de este tipo. Es importante aclarar que la afectación por contaminantes no es ni puede ser homogénea, siempre habrá mayor susceptibilidad a menor edad de exposición, en embriones, en pacientes de avanzada edad o con patología crónica previa”.
Además, agregó que “la afectación por contaminantes es más susceptible para embriones, para adultos mayores. Hoy ya no es posible negar la relación directa entre contaminación y patologías graves de la salud. Como médicos nos resulta inaceptable que importe más la ganancia económica que la salud y el medio ambiente. En consecuencia, coincidimos en la necesidad de recomendar al menos la Homologación de las Normas de Calidad primaria y secundaria con las normas de la OMS”.
Las posturas de la sociedad civil fueron contestadas por representantes del Estado de Chile y de los ministerios de Medio Ambiente y Salud, quiénes entregaron información sobre las principales medidas tomadas y legislaciones involucradas en materias medioambientales, en especial en cuanto a las crisis. Pese a que descartaron que el concepto “zona de sacrificio” sea el que corresponda, reconocieron que hay problemas graves en las localidades.
La representante regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Birgit Gerstenberg, indicó que presenció en terreno la afectación de los Derechos Humanos y deterioro en la calidad de vida en Quintero y Puchuncaví. “Muchos procesos productivos previos a 1994 operan sin ser evaluados ambientalmente. No se posee legislación de calidad ambiental de arsénico, cadmio, cobre y plomo. Las normas de emisiones no están ajustados a los estándares de la OMS”, expuso.
La recomendación fue acelerar implementación de programas de recuperación socioambiental y desarrollar normativa dentro de los parámetros de la OMS y garantizar participación ciudadana, entre otras medidas.