Una solicitud expresa a la comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados, elevó el diputado Pablo Kast a fin de que la Fundación Down 21 exponga los argumentos que permitan perfeccionar la Ley de Inclusión Laboral implementada esta semana en el país. Lo anterior – a juicio del parlamentario – dado que ésta es una iniciativa que se valora y se considera como un avance, pero que tiene la urgente necesidad de que se perfeccione.
«Consideramos que esta ley es un avance concreto que refleja los años de trabajo por parte de las agrupaciones que impulsan la inclusión de las personas en situación de discapacidad, pero creemos que es absolutamente perfectible. Si la comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Laboral de Personas en Situación de Discapacidad propuso el año 2016 un porcentaje de un 2% para comenzar, una revisión con aumento cada dos años, y como meta final el 5% de cuota, creemos que al menos debemos trabajar para que elevemos un 1% más esta cifra», puntualizó el parlamentario Evópoli.
Agregó además que «sumado a ello, hay una serie de trabas administrativas que podemos mejorar para lograr que esta ley sea expedita y logre el objetivo de incorporar a la vida laboral a jóvenes que tienen pleno derecho de exigir una oportunidad para trabajar y que pueden perfectamente desarrollar labores y ser productivos»
En ese sentido, la presidenta de la Fundación Down 21, Irma Iglesias, fue enfática en preguntar «¿qué pasa con esa gente que trabaja en las instituciones – los talleres protegidos que no están legislados por ejemplo – que tienen que pagar por ir a trabajar?. ¿Cómo se regulan ese tipo de situaciones y cómo se capacita las personas dentro de las empresas y quién va a pagar eso?. Estas son herramientas que se necesitan para implementar el empleo para la persona con Síndrome de Down, por lo que necesitamos regularlas a fin de que no quedemos nuevamente postergados».
«Se abren puestos de trabajo, pero, ¿para quiénes?. Porque esto contempla la discapacidad física y todos los que tienen pensión de invalidez, es decir, contempla también la discapacidad transitoria. Son 7.600 empresas que tienen sobre el 100%, pero si se empieza a jugar con los números se ve que son pocos los puestos de trabajo para la cantidad de personas en edad laboral en situación de discapacidad en Chile», detalló.
Finalmente, el diputado Pablo Kast concluyó que «en nuestro partido adquirimos un compromiso para trabajar en pos de la inclusión de personas en situación de discapacidad a la vida educacional, laboral y en general a una sociedad de la cual son igualmente parte. Es por ello que en la Quinta Región, trabajaremos con esta Fundación y todas aquellas que aporten al perfeccionamiento y construcción de leyes que apunten permitir este acceso».