Cristian Cáceres dejó su cargo como delegado ambiental para Concón, Quintero y Puchuncaví el 31 de diciembre de 2025, tras ocho meses de gestión calificada como un desastre técnico, político y humano. Su salida marcó el fin de un periodo en el que, pese al anuncio oficial de un plan de 40 medidas, no logró contener la crisis ambiental y sanitaria que azota al cordón industrial. Los protagonistas del rechazo fueron el diputado Nelson Venegas, organizaciones sociales locales y líderes comunitarios, quienes denunciaron una administración ciega, sorda y ajena al sufrimiento de los vecinos intoxicados.
Durante su breve mandato, Cáceres protagonizó episodios vergonzosos que profundizaron la desconfianza ciudadana. En una sesión clave del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS), presentó un informe vacío de responsabilidades, propuestas o soluciones reales, generando el repudio unánime de dirigentes locales. Agravó su imagen en septiembre de 2025, cuando admitió no haber estado en terreno durante un episodio agudo de contaminación, declarando con frialdad que su presencia “no era relevante”, una frase que cayó como una bofetada en familias que padecen intoxicaciones recurrentes y falta de atención médica.
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El diputado Nelson Venegas no dudó en calificar la gestión como un “fracaso absoluto” y sentenció que Cáceres se fue “sin pena ni gloria”. Enfurecido, Venegas advirtió que no tolerará más inacción ni del gobierno saliente ni del entrante de José Antonio Kast, subrayando que la crisis en Quintero y Puchuncaví “no es de colores políticos, es de vida o muerte”. Su mensaje fue claro: desde el territorio se seguirá fiscalizando con firmeza, porque el Estado no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los niños y ancianos sufren los embates de la contaminación industrial.
Las organizaciones sociales compartieron ese juicio severo. Eduardo Brown, presidente del consejo de salud de Cesfam Las Ventanas, aseguró que bajo la gestión de Cáceres “no hubo mejoras sustantivas” y que el Estado “estuvo al debe con nosotros”. María Araya, presidenta del consejo consultivo del hospital Adriana Cousiño y de la fundación Salud Digna, fue aún más contundente: definió el cargo del delegado como “netamente político” y aseguró que “nos sirvió para nada”. “Seguimos teniendo intoxicados, vamos a seguir teniendo intoxicados”, lamentó, mientras exigía soluciones reales, no cargos simbólicos que alimentan la indolencia estatal.
