La diputada María Francisca Bello (FA) ha hecho un llamado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para que realice una fiscalización urgente en el sector El Manzano de la comuna de Quintero. Esta solicitud surge tras múltiples denuncias de sobreconsumo en las cuentas de electricidad que afectan a numerosos vecinos y vecinas de la localidad.
Los vecinos de la Junta de Vecinos Aliwen han reportado cobros excesivos en sus cuentas de luz, con montos que superan los $140.000, cifra que dista significativamente de lo habitual para la mayoría de los hogares en la zona. Ante esta situación alarmante, la diputada Bello ha instado a la SEC a verificar la validez de dichos cobros y, en caso de que se constate un error, a exigir a la empresa Chilquinta su pronta corrección. Además, ha sugerido que se inicie un proceso sancionatorio en caso de ser necesario.
“Todos hemos sido golpeados por el aumento de las cuentas de energía eléctrica, eso no es novedad. Pero aquí hay un problema más urgente. Las mismas cuentas indican un sobreconsumo que no se evidenció en los meses anteriores, ni siquiera en este mismo periodo de 2023, lo que nos lleva a sospechar de un error”, expresó la diputada Bello al referirse a la situación.
La legisladora también subrayó la importancia de investigar a fondo este asunto, recordando que la comunidad de Quintero ha sido históricamente afectada por problemas medioambientales y que el Estado los ha dejado a su suerte. “Sumar el cobro de precios exorbitantes es un doble golpe que debemos fiscalizar y solucionar”, añadió.
Bello solicitó que los resultados de esta fiscalización sean comunicados de manera oportuna y que se mantenga contacto directo con la Junta de Vecinos Aliwen, liderada por Paola Arancibia, para informar sobre los avances y posibles soluciones a este preocupante problema que afecta a la comunidad.
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La situación en Quintero representa una preocupación que no solo impacta el bolsillo de los vecinos, sino que también pone de relieve la necesidad de una supervisión adecuada en el sector energético, garantizando así los derechos de los consumidores y el respeto por las normativas vigentes.
