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Promulgada la ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias

Hasta la provincia de San Antonio llegaron los seremis de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci; la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Valentina Stagno, quienes, dieron a conocer la nueva ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que comenzará a regir dentro de un año.

En la oportunidad, también estuvo presente la coordinadora de la Red Meicas, Ana Retamales, quien valoró esta nueva ley, que fue promulgada este miércoles por el Presidente de la República, y que se instala como una herramienta para terminar con la impunidad en que quedan los deudores del pago de pensiones de alimentos.

Con la futura ley, quienes integren la base de datos del Registro Nacional de Deudores, sufrirán una serie de consecuencias en su diario vivir, que les obligarán a pagar sus pensiones adeudadas, ya que se dejará lógica de las sanciones punitivas (por ejemplo, a través de arrestos), para avanzar en la incorporación de sanciones de carácter patrimonial para los deudores.

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Sobre la ley, el seremi Bartolucci destacó que “todas aquellas personas que tengan más de tres cuotas impagas de forma continua, o cinco discontinuas, por orden del juez, van a ser incluidas en este Registro Nacional de Deudores de Alimentos, lo que no se dará solo a solicitud de la persona beneficiaria del pago, sino que será necesario que un juez de Familia decrete la inclusión dentro del registro”, y agregó que “las consecuencias que esto genera, varía desde una lógica punitiva, sancionatoria, hasta un privativa de libertad”.

El Registro será 100% en línea y estará administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación. En él estarán anotados todos aquellos alimentantes que deban, total o parcialmente, tres mensualidades consecutivas de alimentos, o cinco discontinuas.

Al respecto, la seremi Stagno, agregó que “esta iniciativa se viene trabajando desde agosto del 2020, entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, buscando reivindicar los derechos de niños, niñas y adolescentes y, por cierto, reivindicar los derechos de muchísimas mujeres que hoy tienen el rol reproductivo, en las que recae la labor, no solamente, de crianza y cuidado, sino también la manutención económica de sus hijos e hijas”.

Las autoridades señalaron que el tribunal deberá actualizar mensualmente el Registro con el número de cuotas y el monto adeudado de cada persona que lo integre. Solo se podrá salir del Registro cuando se pague la totalidad de la deuda, o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago. Únicamente un Tribunal de Familia podrá eliminar del Registro a un deudor.

Por su parte, la delegada presidencial provincial, Gabriela Alcalde, indicó que esta ley “es una forma más de combatir la violencia, principalmente, de género, sobre la que, sabemos, las mujeres no son violentadas sólo físicamente, sino que, también, económicamente, emocionalmente, y esto es una manera concreta, real, de poder apoyar a todas esas mujeres para que no tengan que ir a mendigar algo que les corresponde”.

Finalmente, la coordinadora de la Red Meicas, se refirió a la ley “como una luz de esperanza hacia nosotros. Un pago digno hacia nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen derecho a comer, a ir a una escuela, hay que pagarles transporte, útiles escolares, y tienen derecho a ir a un parque o a comerse un sándwich en el mall. Porque ellos (los padres) solamente ven sus bolsillos cuando se separan de la mujer o se van con otra persona, y se alejan de la vida  nuestros hijos”.

Este Registro no será de libre acceso para todas las personas. Podrán ingresar las instituciones públicas y privadas que mandata la ley, y estos tendrán la obligación de practicar las retenciones y pagos que correspondan.

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Las 12 medidas claves del proyecto:

  1. Al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda.
  2. Durante el proceso devolución de impuestos, la Tesorería General de la República retendrá el dinero correspondiente a los deudores.
  3. Si el deudor vende su inmueble o su vehículo, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, respectivamente, podrán inscribir el traspaso, solo en la medida que se acredite judicialmente que, con las ganancias de la venta, se pagarán los alimentos.
  4. Los deudores no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes, a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos.
  5. Los deudores no podrán recibir beneficios económicos públicos o bonos del Estado. Esos fondos se destinarán al pago de las deudas.
  6. Se retendrá parte de las remuneraciones de los gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil, cuando tengan deudas alimenticias.
  7. Cuando alguno de los tres poderes del Estado quiera realizar contrataciones o ascensos, si la persona en cuestión tiene alimentos pendientes, se le retendrá un porcentaje de su sueldo para cancelar la deuda. Dicha norma también se aplica para todos los cargos de elección popular y de alta dirección pública.
  8. Las personas que están obligadas a realizar Declaración de Intereses y Patrimonio, deberán declarar sus deudas alimenticias.
  9. Se establece como delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias.
  10. Se modifica el Código Civil, incorporándose la deuda de pensión de alimentos como un crédito de primera clase.
  11. Si una persona es despedida de su puesto de trabajo, y a la vez es deudora, pagará la pensión alimenticia a través de la indemnización por años de servicio.
  12. Se establece como parte de la evaluación de idoneidad que se realiza a los solicitantes que postulen a la adopción de un niño, niña o adolescente, la verificación de no encontrarse inscritos en el Registro.
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