José Antonio Kast designó a Fernando Barros Tocornal como futuro ministro de Defensa Nacional, una decisión que generó polémica inmediata por su rol como presidente del directorio de Oxiquim S.A., empresa emplazada en Quintero-Puchuncaví, epicentro de graves crisis ambientales. La nominación se conoció, tras la confirmación oficial del equipo ministerial del presidente electo. Barros, abogado formado en la Universidad de Chile y con estudios en Harvard y la London School of Economics, ha sido figura clave en el mundo corporativo chileno y asesor histórico de Sebastián Piñera. Sin embargo, su pasado también incluye haber defendido a Augusto Pinochet durante su detención en Londres entre 1998 y 2000.
La reacción no se hizo esperar. El diputado Nelson Venegas (PS), representante del distrito 6 que incluye Quintero y Puchuncaví, calificó el nombramiento como “una pésima decisión” y acusó al futuro gobierno de carecer de empatía con las comunidades afectadas por la contaminación industrial. Recordó que en 2018 casi 1.400 personas —incluyendo niños— sufrieron intoxicaciones masivas vinculadas al cordón industrial, con Oxiquim señalada como una de las responsables. “Es profundamente doloroso ver cómo uno de los causantes es nombrado ministro de Estado”, afirmó Venegas, visibilizando el malestar social en una zona históricamente castigada por la falta de regulación ambiental.
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Barros, cofundador del prestigioso estudio jurídico Barros & Errázuriz, ha acumulado décadas de experiencia en el sector privado, integrando directorios de empresas como Levaduras Collico, Kunstmann, Independencia S.A. y Sofofa. Su perfil técnico y empresarial encaja con la estrategia de Kast de priorizar independientes del mundo privado para su gabinete. En sus primeras declaraciones tras la nominación, Barros en medios nacionales llamó a la “unidad nacional” y rechazó la violencia, subrayando que el país debe “unirse en busca de su desarrollo”. No obstante, omitió referirse a su rol en Oxiquim o a las críticas desde las comunidades afectadas.
La controversia se profundiza por el contexto de desconfianza ciudadana en Quintero y Puchuncaví, donde persisten demandas por justicia ambiental, infraestructura sanitaria deficiente y ausencia de controles efectivos sobre las industrias. Organizaciones comunitarias y líderes locales han denunciado reiteradamente la impunidad de empresas contaminantes y la lentitud del Estado en responder a emergencias sanitarias. La designación de un ejecutivo vinculado directamente a una de esas empresas como ministro de Defensa —carpeta clave en la gestión de crisis y orden público— es percibida como un mensaje de indiferencia hacia las víctimas de la contaminación.
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Mientras tanto, el debate público se intensifica. Sectores de la oposición y movimientos ambientales exigen transparencia y coherencia en los nombramientos del nuevo gobierno, cuestionando si la priorización de perfiles técnicos ignora las heridas sociales aún abiertas. En medio de este escenario, la figura de Barros encarna no solo un perfil corporativo, sino también las tensiones entre el poder económico, la memoria histórica y la justicia ambiental en Chile.
