En la madrugada del domingo, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) disparó y mató a un adolescente de 16 años durante una violenta trifulca en el patio de comidas de la Fiesta de la Chilenidad en Puchuncaví. El hecho ocurrió tras un presunto intento de robo en flagrancia, cuando el menor apuñaló al agente en el hombro, quien reaccionó con su arma personal. El joven falleció en el lugar y fue trasladado al CESFAM, donde se confirmó su deceso a la 01:30 horas. El caso es relevante por el uso letal de un arma por parte de un agente del Estado en un espacio público y familiar, lo que encendió las alarmas sobre protocolos de uso de la fuerza.
Tras el incidente, el funcionario, identificado como N.A.E.M.B., se presentó voluntariamente ante Carabineros de Puchuncaví y luego fue trasladado al Juzgado de Garantía de Quintero, donde se controló su detención en horas de la mañana. La Fiscalía, a cargo del fiscal jefe Pablo Bravo, solicitó y obtuvo del tribunal una ampliación de la detención hasta el miércoles para completar las investigaciones. Participan en la indagatoria la OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), quienes recogen evidencia técnica y testimonial para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento y determinar si el uso del arma fue proporcional y ajustado a la ley.
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El arma utilizada por el agente no era de servicio, sino de propiedad personal, aunque debidamente inscrita y autorizada para su porte. Según las primeras declaraciones, el policía se encontraba con su familia en el recinto ferial cuando fue atacado por el menor. El hecho ha generado conmoción en la comunidad local, que cuestiona cómo una celebración tradicional terminó en tragedia, y exige transparencia en la investigación para determinar si hubo exceso en la respuesta del agente o si actuó en legítima defensa.
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La Fiscalía deberá establecer si el uso del arma de fuego cumplió con los protocolos de proporcionalidad y necesidad, especialmente considerando que el agresor era un menor de edad. Mientras tanto, la comunidad de Puchuncaví y organizaciones de derechos humanos piden cautela y respeto al debido proceso, pero también justicia para la familia del adolescente fallecido. El caso pone nuevamente en el centro del debate el uso de armas por parte de funcionarios fuera de servicio y en contextos civiles, así como la protección de los derechos de los adolescentes, incluso cuando están involucrados en conductas delictivas. La investigación continuará con pericias balísticas, reconstrucción de escena y análisis de testimonios clave.
