Un verdadero guión digno de una serie de Netflix se ha convertido la licitación de la fiesta Costumbristas de Puchuncaví ya que dos concejales cuentan solo parte de la historia y se les olvida el presunto fraude que sacudió estas semanas los cimientos de la administración municipal de Puchuncaví. La controversia estalló tras descubrirse que la empresa originalmente adjudicada para la producción de la Feria Costumbrista 2026 presentó documentación falsificada, lo que obligó a paralizar el proceso y generó un fuerte rechazo en el Concejo Municipal por la falta de transparencia en las propuestas alternativas presentadas por la alcaldía.
El conflicto se originó el pasado 27 de enero, cuando el ingeniero civil estructural Hernán Ortiz Gaubert contactó al municipio para denunciar que la «Memoria de Cálculo Estructural» del escenario, presentada por la Productora de Eventos San Esteban SpA, empresa que realizó los eventos importantes desde que asumió Marco Morales, contenía su nombre y firma sin su consentimiento. Ante la gravedad de los hechos, el administrador municipal, Carlos Flores González, remitió los antecedentes a la Fiscalía Local de Quintero, advirtiendo sobre posibles delitos de falsificación de instrumento privado y usurpación de nombre.
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Durante la última sesión extraordinaria del Concejo, los concejales manifestaron su indignación ante lo que consideran un proceso viciado desde su origen. El concejal Benjamín Angulo enfatizó que no era posible aprobar el proyecto de acuerdo dado que el vicio inicial afecta directamente el resguardo de los recursos públicos y la seguridad de las personas. Por su parte, el concejal Juan Peña Bernal criticó la falta de planificación, señalando que estos eventos deben obedecer a una programación anual y no presentarse apenas dos semanas antes de su ejecución.
La falta de transparencia fue el punto central de la negativa de los ediles hacia la segunda opción propuesta. Según explicó el concejal Agustín Valencia, la empresa que quedó en segundo lugar —una unión temporal de proveedores— no otorgaba garantías técnicas suficientes para un evento de esta envergadura. Valencia calificó la situación como una «cosa trucha», denunciando que se intentó distorsionar la verdad hacia la opinión pública para hacer parecer a los concejales como enemigos de los emprendedores locales.
En la misma línea, la concejal Rosa Berrio Lecaro defendió su voto de rechazo argumentando que, además de las dudas en el proceso, el gasto de 40 millones de pesos propuesto no se ajusta a las necesidades reales de la comuna. Berrio destacó que existen prioridades urgentes en sectores como Las Ventanas y La Chocota, donde los feriantes carecen de infraestructura básica y persisten problemas graves de alcantarillado y calles en mal estado, los cuales deberían ser la prioridad antes de gastos festivos sin claridad administrativa.
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Este escenario deja un manto de incertidumbre en la realización de la fiesta estival, mientras la justicia investiga el actuar de la productora San Esteban. Los concejales cerraron filas asegurando que su labor es velar por la probidad y la correcta inversión del presupuesto municipal, exigiendo que cualquier proceso futuro cuente con las certificaciones reales y la transparencia que un evento masivo requiere para garantizar la vida humana y el buen uso del dinero de todos los vecinos.
