El pasado martes, el cuerpo de concejales y los funcionarios de confianza de la Municipalidad de Puchuncaví protagonizaron un tenso episodio tras la ausencia del jefe comunal en una reunión clave. Durante el encuentro, los ediles y los representantes del alcalde acordaron suspender el concejo extraordinario por la falta de transparencia en una millonaria adjudicación que el municipio pretendía realizar a través de un trato directo.
La controversia estalló cuando el secpla, administrador municipal y la directora jurídica, actuando en representación de Marcos Morales, validaron la postura de los cinco concejales presentes, quienes coincidieron en que no existían garantías para aprobar un trato directo de 180 millones de pesos a la misma empresa que opera actualmente la planta de tratamiento.
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Sin embargo, en un giro que dejó en ridículo a sus propios colaboradores directos, el alcalde Morales ignoró el acuerdo alcanzado por sus hombres de confianza al día siguiente. Pese a que sus representantes habían empeñado su palabra, el edil insistió en realizar la sesión para forzar la aprobación del cuestionado contrato.
El concejal Benjamín Angulo en conversación con La Bahía on Line señaló que la gestión de Morales ha sido ineficiente, especialmente tras meses de inacción frente a un fallo judicial que obliga al municipio a intervenir la planta. La insistencia del alcalde en el trato directo fue calificada como una «mala forma de hacer política» que vulnera los procesos de licitación pública.
Durante la sesión forzada, el jefe comunal logró revertir el voto de solo una concejal la republicana Andrea Lodi, manteniendo la división y el malestar en el órgano colegiado. Este acto de tozudez dejó expuesta la fragilidad jerárquica dentro del municipio, donde los acuerdos tomados por los directivos de mayor rango no tienen validez ante el arbitrio del alcalde.
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Finalmente, los fiscalizadores aseguraron que no cederán ante presiones que pongan en riesgo los recursos públicos de todos los vecinos de Puchuncaví. El conflicto escaló ante la opinión pública, evidenciando una crisis de confianza interna donde los funcionarios de exclusiva confianza quedaron desautorizados por quien los designó en sus cargos.
