Durante ocho años y bajo dos administraciones presidenciales, los pescadores artesanales de la legendaria ex Caleta Sudamericana permanecieron confinados en Caleta El Manzano, en Quintero, sin obtener la relocalización prometida. El proceso se extendió desde el gobierno de Sebastián Piñera hasta el de Gabriel Boric, mientras dirigentes sindicales como David Ojeda y José Urrutia mantenían viva la demanda. Las autoridades firmaron compromisos con los trabajadores, incluyendo dos subsecretarios de Pesca y el gobernador Rodrigo Mundaca, pero ninguno materializó la construcción de la nueva infraestructura. Los afectados denunciaron abandono institucional y exigieron al nuevo gobierno designar autoridades competentes que resuelvan esta deuda histórica.
Los dirigentes recordaron los tropiezos de ambos periodos gubernamentales: durante la administración de derecha surgieron conflictos como los derivados de la controvertida «Ley Longueira», mientras en el mandato de Boric el subsecretario Julio Salas entregó cifras erróneas ante la comisión mixta que analizaba la ley de fraccionamiento pesquero. Ante estos antecedentes, David Ojeda, secretario del sindicato SIPSA, planteó exigencias claras para el próximo subsecretario: «debe tener visión de futuro, ser competente en el tema y conocer profundamente el área pesquera». Los pescadores rechazaron repetir errores del pasado y exigieron cumplir los compromisos firmados por autoridades anteriores.
José Urrutia, presidente del mismo sindicato, fue contundente al señalar que «pasó el gobierno de Piñera, pasó el gobierno de Boric, y ahora esperamos que el nuevo gobierno ponga gente que haga la pega». Los trabajadores denunciaron sentirse «botados» por la Empresa Portuaria de Valparaíso, que según relataron solo gestionó un convenio con Caleta El Manzano para trasladarlos allí temporalmente. Urrutia lamentó que, tras ocho años de espera, la prometida «caleta joya del Pacífico» siga siendo una ilusión para quienes históricamente laboraron en Sudamericana. La situación refleja un estancamiento administrativo que mantiene a las familias pescadoras en condiciones precarias.
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El abogado del sindicato, Felipe Olea, advirtió contra la posible reelección de funcionarios cuestionados, como la subsecretaria Alicia Gallardo o el director de obras portuarias Christian Wunderlich. Para Olea, repetir estos nombramientos sería «un error con letras mayúsculas», pues Gallardo no priorizó la pesca artesanal y Wunderlich no avanzó en la construcción de la nueva caleta. Los representantes legales y sindicales equipararon esta deuda con «la búsqueda de la tierra prometida», destacando la urgencia de romper el ciclo de incumplimientos. La comunidad pesquera confía en que el nuevo gobierno designe autoridades comprometidas con resolver esta injusticia territorial que afecta su identidad y sustento.
