Durante esta semana, la comisión revisora del Congreso evaluó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, luego de escuchar a los expertos convocados. Los protagonistas de la jornada fueron los académicos y la defensa, quienes expusieron sus posturas ante los parlamentarios. El encuentro se realizó en medio de las fuertes advertencias sobre el daño institucional que este controversial libelo desató en la imagen económica del país.
En su exposición telemática, el economista Gabriel Palma, profesor de la Universidad de Cambridge, advirtió que los errores de proyección constituyeron la norma a nivel mundial. El académico señaló que las clasificadoras internacionales consideraron esta acusación como un acto de irracionalidad política en lugar de seriedad analítica. Por consiguiente, el experto sentenció que esta determinación legislativa provocó un inmediato y perjudicial aumento en el riesgo país de Chile.
Por su parte, el exministro Mario Marcel testificó que basar una acusación en diferencias de proyecciones resultó extraordinariamente riesgoso para la estabilidad republicana. El extitular recordó que durante el cambio de mando existieron diferencias gigantescas en las estimaciones de inflación y crecimiento heredadas del gobierno anterior. Sin embargo, Marcel enfatizó que en aquella oportunidad su equipo solo se preocupó de rebalancear las finanzas públicas sin promover persecuciones políticas.
La defensa del exministro Nicolás Grau, liderada por el abogado Patricio Zapata, centró su estrategia en desvirtuar los argumentos de la oposición durante la sesión. El representante legal cuestionó duramente al director de la Dipres, José Pablo Gómez, a quien catalogó irónicamente como el testigo estrella de la acusación. Zapata sostuvo que el libelo careció de fundamentos jurídicos sólidos y simplemente criminalizó las decisiones técnicas propias de la política fiscal.
Al ser interrogado sobre las discrepancias fiscales detectadas, el director de la Dipres evitó atribuir responsabilidades directas a las autoridades salientes. Gómez recordó a los parlamentarios la existencia de una investigación sumaria en curso y aseguró que el equipo técnico no tuvo clara la causa exacta de la discrepancia. El funcionario insistió en que resultó imposible establecer si hubo errores metodológicos o fallas individuales antes de concluir el proceso administrativo.
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Desde la vereda de la oposición, los parlamentarios sostuvieron que las graves inconsistencias detectadas en las proyecciones de deuda justificaron plenamente una drástica sanción política. El tenso debate dejó en evidencia la profunda polarización que rodeó a la comisión revisora justo antes de la redacción del informe final. Aquella votación se transformó en el termómetro definitivo para anticipar el complejo escenario que la acusación enfrentó en el hemiciclo.
