Un demoledor informe de la Contraloría General reveló que la Municipalidad de Puchuncaví y la SEREMI de Salud ocultaron durante muchos años un colapso sanitario y un desfalco millonario en la planta de Horcón, y expusieron a los vecinos a un baño de aguas servidas.
Durante una inspección realizada en octubre de dos mil veinticinco, los funcionarios de la Contraloría se toparon con un verdadero escenario de terror ambiental. En lugar de una planta de tratamiento, encontraron una pestilente laguna de escurrimiento tóxico que bañaba los predios particulares, mientras los equipos críticos yacían completamente muertos y oxidados.
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Lo más indignante de esta pesadilla sanitaria fue que este infierno tóxico operó en la más absoluta ilegalidad por muchos años. Las autoridades municipales y de salud miraron hacia otro lado y permitieron que la planta funcionara sin ninguna autorización sanitaria, con lo cual se burlaron de la normativa y envenenaron los acuíferos subterráneos de la zona.
Mientras los vecinos respiraban los nauseabundos olores, las arcas municipales sangraron de manera escandalosa. Entre los años dos mil veintiuno y dos mil veinticinco, se despilfarraron más de novecientos cincuenta y nueve millones de pesos en supuestas mantenciones. Todo este millonario gasto se ejecutó sin ningún plan técnico válido, por lo que arrojaron el dinero público directo a las cloacas.
Lejos de seguir los manuales de operación, los encargados improvisaron soluciones de dudosa procedencia frente a las constantes emergencias. La falta de registros y el nulo control demostraron que los contratos se entregaban como parches desesperados para calmar las aguas, sin resolver jamás el problema de fondo y condenando a la comunidad a una agonía interminable.
El municipio reconoció su propia incapacidad para operar el sistema, pero en vez de buscar una salida urgente, abandonó el barco a su suerte. Jamás gestionaron de manera efectiva el traspaso de la planta al comité de Agua Potable Rural de Horcón, y dejaron a los vecinos desamparados frente a un sistema colapsado y sin un administrador claro.
Para rematar este catálogo de horrores, se descubrió que el megaproyecto jamás ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las autoridades diseñaron la planta considerando la población estival, superando ampliamente los umbrales legales, pero decidieron saltarse a la torera la evaluación ambiental, y ocultaron el verdadero impacto ecológico que devastaría la frágil costa de Puchuncaví.
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La Secretaría Regional Ministerial de Salud no se quedó atrás en esta trama de negligencia. Pese a iniciar sumarios y dictar plazos fatales que el municipio incumplió a rajatabla, los fiscalizadores sanitarios se lavaron las manos. No hubo un seguimiento real ni tampoco se activaron las alarmas cuando los laboratorios confirmaron que las napas subterráneas estaban contaminadas.
Finalmente, las sombras de la sospecha se cernieron sobre la probidad cuando se reveló que un fiscalizador de la SEREMI ocultó su declaración de intereses y patrimonio. Esta grave omisión impidió descartar conflictos de interés con el alcalde de turno, y gatilló la orden de abrir sumarios administrativos para determinar las responsabilidades de los funcionarios que traicionaron la confianza de los habitantes.
