Entre abril y junio de 2024, se reveló un preocupante informe sobre la situación de 4.462 niños y adolescentes en la región de Valparaíso que se encuentran en lista de espera para acceder a programas de reparación del Estado, dentro del sistema de protección integral. Esta situación fue denunciada públicamente por el ex Core Manuel Millones, quien destacó la gravedad del caso y exigió una reacción inmediata de las autoridades. La falta de recursos, infraestructura y políticas públicas eficaces ha dejado a miles de menores sin atención oportuna, poniendo en riesgo su desarrollo y bienestar.
Millones señaló que, además de los 4.462 niños en espera, existen alrededor de 300 en cuidados alternativos, medida que se adopta como protección urgente en contextos de alto riesgo. El costo estimado para atender a todos estos menores se calcula en cerca de 5 mil millones de pesos, debido a la especialización de los equipos profesionales y la duración mínima de los procesos, que oscila entre 6 y 12 meses. Sin embargo, los recursos asignados no alcanzan a cubrir esta necesidad crítica, lo que refleja una profunda deuda del Estado con la infancia más vulnerable.
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El informe trimestral del Poder Judicial revela que la región enfrenta una crisis multidimensional, donde la salud mental infantil también es una urgencia no atendida. Miles de niños esperan atención psicológica en condiciones críticas, sin que existan respuestas oportunas por parte del sistema público. La política social vigente no ha logrado articular una red efectiva de apoyo, lo que agrava la situación y deja a los menores expuestos a riesgos mayores, como la deserción escolar y el ingreso a redes delictivas.
Ante este panorama, Millones llamó a abrir un debate urgente sobre la inversión en infancia, especialmente en prevención y fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. Señaló que las escuelas, espacios claves para la protección y desarrollo infantil, han dejado de cumplir su rol en muchos casos, convirtiéndose incluso en focos de conflicto. En este sentido, insistió en la necesidad de incluir una agenda infantil en la Ley de Presupuestos 2026, con participación activa de los parlamentarios que representan a la región.
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La región de Valparaíso debe asumir un liderazgo en la protección de la niñez y la adolescencia, priorizando la prevención y el bienestar integral de los menores. Millones concluyó que seguimos llegando tarde en la respuesta estatal y que es momento de transformar las políticas en acciones concretas. El objetivo no es solo bajar las cifras de vulneración, sino garantizar una segunda oportunidad a miles de niños y evitar que más sean arrastrados por la exclusión y la violencia.
