La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)formuló cargos gravísimos contra ENAP Refinería Aconcagua el 26 de octubre de 2026, tras descubrir que la empresa estatal manipuló información ambiental. Los protagonistas de este escándalo fueron los fiscalizadores del organismo regulador y los directivos de la refinería ubicada en Concón, quienes enfrentaron las acusaciones por entregar antecedentes falsos sobre sus emisiones de dióxido de azufre y la eficiencia en la recuperación de este contaminante.
Las investigaciones revelaron que la compañía alteró internamente los datos presentados ante la autoridad para simular un cumplimiento legal inexistente. Entre los años 2023 y 2025, la refinería omitió de manera deliberada las emisiones provenientes del quemado de gases en antorchas, lo que permitió ocultar que las emisiones reales de dióxido de azufre superaron ampliamente las toneladas anuales permitidas, alcanzando cifras alarmantes que evidenciaron un grave incumplimiento normativo.
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Ante esta situación, el superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, condenó las acciones de la estatal y enfatizó la gravedad de los hallazgos durante la jornada. «La información reportada por la empresa no reflejaba la realidad, lo que habría impedido a la SMA ejercer sus atribuciones de fiscalización», sentenció la autoridad, quien además recordó que el cumplimiento del plan de descontaminación nunca fue opcional para ninguna compañía.
Por su parte, los ministerios de Energía y Hacienda reaccionaron con dureza tras tomar conocimiento oficial de los antecedentes el 29 de abril. Ambas carteras emitieron un comunicado conjunto donde calificaron los hechos de inaceptables y ordenaron al directorio de la empresa estatal que colaborara de forma activa con la investigación, y exigieron transparencia absoluta y la remisión inmediata de todos los documentos al Ministerio Público.
Desde la empresa estatal informaron que los controles internos se activaron en enero de 2026, momento en el cual decidieron autodetectar y reportar las inconsistencias. Como parte de las medidas correctivas, la administración desvinculó a diecisiete trabajadores y contrató a una consultora internacional para robustecer las mediciones. Además, la compañía aseguró categóricamente que no existía antecedente alguno que vinculará los hechos denunciados con un impacto real en la salud de la población.
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Finalmente, el organismo regulador advirtió que los incumplimientos, que también incluyeron la superación de la norma de ruidos nocturnos, arriesgaban multas que en conjunto superan los diecinueve millones de dólares. La SMA dispuso que la empresa contará con un plazo de quince días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, mientras derivó los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República por los posibles delitos involucrados.
