Durante la reciente sesión legislativa, el Senado rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, luego de que se registrara un empate de 24 votos a favor y 24 en contra entre los parlamentarios. Esta decisión, que derivó el proyecto de ley del Subsistema de Inteligencia Económica a una Comisión Mixta, marcó un punto de inflexión en el debate sobre las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para investigar delitos económicos sin orden judicial previa.
Según trascendió en los pasillos del Congreso, la ausencia de la senadora independiente Ximena Órdenes resultó determinante para el desenlace de la votación. La legisladora, integrante del comité mixto conformado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, independientes y el Partido Liberal, no pudo asistir a la sesión debido a que su avión no despegó desde Balmaceda hacia Santiago por razones climáticas. Su arribo a la capital se concretó recién cerca de las 18:00 horas, lo que generó molestia inicial en su propio comité, dado que otros parlamentarios habían suspendido sus viajes para garantizar su presencia.
A esta situación se sumó la polémica por un supuesto incumplimiento de un acuerdo de pareo dentro del hemiciclo. Fuentes parlamentarias indicaron que se esperaba la ausencia de la senadora Camila Flores, de Renovación Nacional, quien finalmente sí participó en la votación antes de retirarse para asistir a reuniones con sus abogados. Desde las filas del oficialismo replicaron argumentando que, para el tema específico del secreto bancario, este tipo de acuerdos de pareo no operaban, lo que agudizó las tensiones entre oficialismo y oposición en un debate ya de por sí marcado por profundas diferencias.
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El debate por esta medida resurgió con fuerza en las últimas semanas a raíz del escándalo de la Operación Tokio, donde se revelaron vínculos de ejecutivos bancarios con el Tren de Aragua para lavar dinero de operaciones ilegales. La norma rechazada buscaba facultar a la Unidad de Análisis Financiero para requerir información protegida directamente a los bancos en tres casos puntuales: reportes de operaciones sospechosas provenientes de la entidad, casos que involucraran a funcionarios públicos o a personas jurídicas. Actualmente, el alzamiento del secreto bancario continúa operando principalmente por vía judicial en el marco de investigaciones criminales activas.
En esta región los parlamentarios Arturo Squella Ovalle (Partido Republicano), Andrés Longton Herrera (Renovación Nacional) y Camila Flores Oporto (Renovación Nacional) votaron en contra y los senadores Karol Cariola Oliva (Partido Comunista) y Diego Ibáñez Cotroneo (Frente Amplio) votaron a favor.
