Una investigación científica confirmó la acumulación de ocho metales pesados tóxicos en productos del mar de la bahía de Quintero-Puchuncaví durante el año dos mil veintidós, tras la intervención coordinada del HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, autoridades regionales y organizaciones vecinales. El equipo documentó un riesgo sanitario concreto para los consumidores habituales y detectó vacíos legales graves en la normativa chilena sobre inocuidad alimentaria.
El grupo técnico muestreó sedimentos y diez organismos comestibles, incluyendo rollizos, bilagayes, ostiones, jaibas peludas y cangrejos nadadores, para evaluar la concentración de cadmio, cromo, cobre, manganeso, plomo, vanadio, zinc y mercurio. Los especialistas compararon las muestras con un sitio de control ubicado en la bahía de Quintay y observaron una diferencia marcada en los niveles de toxicidad ambiental. Las mediciones registradas en la zona industrializada superaron ampliamente los valores obtenidos en el área de referencia.
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Las autoridades académicas verificaron que los niveles de cadmio y plomo rebasaron los topes máximos establecidos por regulaciones internacionales de referencia sanitaria. La aplicación del modelo Target Hazard Quotient reveló un peligro inminente para la salud de hombres y mujeres que consumían regularmente jaibas peludas y ostiones provenientes del sector contaminado. Los expertos alertaron sobre la exposición crónica a sustancias nocivas que alteraban los ecosistemas costeros y comprometían la seguridad alimentaria regional.
El análisis jurídico y sanitario identificó una brecha crítica en el Decreto Supremo 977/96, el cual no contemplaba límites específicos para el cadmio en productos marinos y toleraba concentraciones de plomo superiores a los estándares de la Unión Europea. Los investigadores señalaron que esta desactualización normativa generaba una incertidumbre peligrosa sobre la calidad de los alimentos capturados en costas industrializadas. Los especialistas exigieron una reforma legislativa urgente para resguardar a la población costera.
Los hallazgos se publicaron durante la primera semana de mayo en la revista científica Toxics, perteneciente al cuartil más alto del índice Web of Science. El trabajo contó con la participación activa de estudiantes de doctorado nacionales y españoles, además del respaldo logístico de la Caleta de Pescadores de Ventanas y la organización Mujeres de Zona de Sacrificio. Las autoridades sanitarias y los académicos validaron la sinergia entre la ciencia y el territorio como un modelo exitoso de investigación aplicada.
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Los líderes del proyecto enfatizaron la necesidad de establecer monitoreos continuos para rastrear la expansión industrial y proteger la pesca artesanal de la región. La doctorante Stephanny Curaz Leiva y el doctor Claudio Sáez Avaria sostuvieron que la evidencia demostraba la vigencia de la problemática ambiental y la urgencia de modernizar los marcos regulatorios existentes. La red interinstitucional se consolidó como un referente para abordar conflictos socioambientales históricos en Chile con rigor académico y compromiso territorial.
