Una querella criminal por fraude al fisco presentó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en contra de su antecesora, Virginia Reginato, y el exadministrador municipal, Claudio Boisier Troncoso. ¿La razón? Abultados finiquito que permitió a altos funcionarios percibir millonarios desembolsos desde las arcas fiscales y uno de ellos, llegaría a Puchuncaví.
La presentación de 21 páginas apunta justamente a los dineros recibidos por tres servidores públicos. El monto total supera los 150 millones de pesos.
El desglose va así. El primero en aparecer es el propio Claudio Boisier, uno de los hombres de confianza de Reginato, quien recaló como administrador municipal en abril de 2018. La alcaldesa lo convocó en medio de la crisis desatada por el déficit de casi 17 mil millones de pesos destapado por Contraloría.
En la oportunidad pasó de ser gerente de la Corporación Municipal a administrador municipal. Es decir, el segundo al mando del municipio.
Ripamonti acusa que, en medio del traspaso, Boisier recibió un finiquito de 2.844 UF (equivalentes, en esa época, a 76,6 millones de pesos), pese a que su salida se dio por “mutuo acuerdo”, lo que -de acuerdo al libelo- no obligaba a la Corporación desembolsar tales dineros.
El monto se disgrega en tres factores: indemnización convencional por años de servicios, feriado proporcional y 57 días de feriado legal por años de servicio.
La segunda funcionaria que figura en la acción judicial es Patricia Colarte, que según fuentes de La Bahía on Line, asumiría la jefatura de Educación Municipal en Puchuncaví, dejando la seremi de educación el día de hoy, donde participo en su última en ceremonia en el cargo, en Zapallar, junto a su nuevo jefe al alcalde de Puchuncaví, con el cual también almorzaron juntos en el Restauran Caballito de Palo.
En diciembre de 2004 llegó Patricia Colarte a la Corporación Municipal de Viña del Mar, contratada como directora de Educación en la Administración Central.
Seis años después, en 2010 presentó su renuncia voluntaria para recalar menos de una semana después como la flamante seremi de Educación en la región de Valparaíso.
Se le pagó un finiquito de 21,5 millones de pesos: 15,3 millones como indemnización voluntaria, poco más de 600 mil por feriado proporcional y 5,5 millones por 50 días de feriado legal pendiente, detalla la querella.
Todo ello, cuando la corporación estaba representada por Boisier.
Asimismo, la acción judicial abre las dudas respecto de la validez que tendría el pago con fondos públicos de vacaciones, “de las que existen legítimas sospechas si fueron ejercidas, lo que debe ser investigado”.
“La investigación deberá determinar el perjuicio patrimonial causado a la Corporación, debiendo tener presente que, por concepto de pago de los finiquitos, egresaron aproximadamente del patrimonio de la corporación una suma ascendente a más de $155.000.000”.
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