Una nueva nube tóxica en la comuna de Puchuncaví dejó a decenas de alumnos del Complejo Educacional Bicentenario Sargento Aldea de Las Ventanas con síntomas de intoxicación, quienes fueron trasladados de emergencia al Cesfam local. El hecho ocurrió tras la detección de un intenso olor a cloro en el aire, lo que generó alarma en la comunidad escolar. Acompañados por sus apoderados, los estudiantes saturaron la unidad de urgencia del centro de salud, que colapsó por la alta demanda. Este episodio reaviva las preocupaciones sobre la contaminación crónica en la llamada “zona de sacrificio”.
Ante la gravedad del suceso, se desplazaron al lugar el delegado presidencial para Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, junto a inspectores de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y representantes del Ministerio de Salud (Minsal). Las autoridades iniciaron una evaluación inmediata para determinar el origen de los gases y las condiciones ambientales durante el fin de semana. Mientras tanto, el sistema de salud local se vio sobrepasado, evidenciando la fragilidad de la infraestructura sanitaria frente a emergencias ambientales recurrentes.
El diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio) reaccionó con firmeza, exigiendo una fiscalización integral al cordón industrial de la bahía y la entrega urgente de informes técnicos sobre las mediciones ambientales y los protocolos de protección escolar activados. “Esto lamentablemente es responsabilidad de las empresas”, afirmó Ibáñez, recordando que la nueva normativa de delitos ambientales permite sanciones más severas. El parlamentario insistió en que, pese a la disminución relativa de episodios en los últimos años, no se puede normalizar ni un solo caso de intoxicación infantil.
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En un oficio formal, Ibáñez solicitó antecedentes detallados sobre el funcionamiento de las estaciones de monitoreo, las medidas de resguardo implementadas en los establecimientos educacionales y una investigación exhaustiva para identificar a los responsables. “Esto es una violación a sus derechos humanos”, subrayó, enfatizando que tanto el Estado como las empresas tienen la obligación de garantizar un entorno seguro. La comunidad espera respuestas concretas y acciones contundentes para evitar que estos episodios, que han marcado generaciones en la zona, sigan repitiéndose.
