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Gobierno inicia tramite de cambio del uso de suelo de Quintero – Puchuncaví

El actual Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (uso de suelo) empezó a regir en 2012, restringiendo a 1.253 las hectáreas destinadas a industrias peligrosas en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Motivadas por el episodio de intoxicación en La Greda, las autoridades impidieron esa vez que otras 500 hectáreas se incorporaran a ese uso y, en vez de eso, las gravaron como área verde.

Como las industrias ocupan en ambas comunas 499 ha, aún hay 754 ha disponibles, en las que pueden seguir instalándose, aun cuando tengan características de peligrosas y molestas. Ahora son las intoxicaciones masivas registradas el año pasado en la zona las que impulsan nuevas restricciones al uso de suelo.

Atendiendo solicitudes de los dos alcaldes y del Consejo Regional, el Ministerio de Vivienda aceptó introducir cambios en el plan regulador intercomunal para impedir que actividades de ese tipo puedan desarrollarse en esas 754 ha remanentes, a través del cambio de uso de suelo.

«Lo estudiamos varios meses con los alcaldes y sus equipos. Y con el ánimo de proteger la salud de los vecinos y el desarrollo equilibrado de esta zona es que se ha decidido bajarla (en su uso de suelo) a actividades inofensivas», reveló el subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando.

La autoridad entregará esta tarde en Quintero al intendente regional Jorge Martínez y a los alcaldes Mauricio Carrasco y Eliana Olmos (Puchuncaví), la resolución que da inicio a este proceso, que según los plazos regulados por la Ley General de Urbanismo y Construcciones tomaría hasta mediados de 2022.

Ingresada la solicitud formal desde los municipios, en ese plazo debería concretarse el levantamiento aerofotogramétrico y cartográfico, el estudio para modificar el Premval y la tramitación para su aprobación.

Aplausos con reparos

En Puchuncaví hay 14 industrias y cinco en Quintero, de las cuales siete están calificadas como peligrosas y tres como contaminantes. En la zona, la medida es aplaudida, pues responde a una solicitud planteada por años, aunque se repara que lo exigido era que esas 754 ha fueran gravadas como Área Verde.

Así se había planteado en un oficio, con respaldo transversal, enviado por el Consejo Regional al Minvu y que hasta hoy no había tenido respuesta, recordó el presidente de la comisión de Ordenamiento Territorial, Manuel Millones. Por eso las reacciones fueron encontradas.

«Es un avance y da claras muestras de querer cambiar», dijo el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco. «Lo propuesto impediría a las actuales industrias hacer ampliaciones. Pero sí permitiría, por ejemplo, actividades industriales como el bodegaje. No es claro lo que pasaría con iniciativas como instalar estanques de hidrocarburos o de gas. Seguiremos luchando porque las declare Área Verde», agregó.

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) califica como industria o bodega inofensiva a aquella «que no produce daños ni molestias a la comunidad, personas ni entorno», con controles que neutralizan sus procesos, haciéndolos inocuos. Pero, explicitó el subsecretario Rolando, «es la Seremi de Salud la que tiene que evaluar si es inofensiva o no».

El problema, coinciden el core Millones y el ambientalista Hernán Ramírez, asesor de la ONG Dunas de Ritoque, es la discrecionalidad con que ha actuado la autoridad sanitaria. «Hasta hace poco tiempo, las termoeléctricas a carbón eran para ella inofensivas», dijo Ramírez, quien de todas formas califica la iniciativa de cambiar el uso de suelo como coherente con los compromisos con la zona que el Presidente Piñera asumió ante la ONU.

Millones recalcó que la tramitación del Minvu tendrá que pasar por el Core, por lo que espera «gravar zonas destinadas a área verde para que tengamos una zona de amortiguación».

Aunque valora la iniciativa, para Katta Alonso, de Mujeres en Zona de Sacrificio, es necesario abordar los proyectos que ya cuentan con RCA, como el terminal multipropósito de Oxiquim. El subsecretario Rolando aclaró que la modificación no tiene efectos retroactivos para los permisos históricos, que deben ser analizados por la municipalidad y las seremis.

Fuente: Economía y Negocios

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