El Gobierno decidió otorgar urgencia a un proyecto de ley que obliga a las empresas de transporte público y privado a realizar pruebas semestrales de detección de drogas a sus conductores, una medida impulsada tras dos tragedias que conmocionaron a la opinión pública. La iniciativa, conocida como «Ley Alberto», había permanecido estancada en el Congreso durante más de un año, pero ahora avanza con celeridad tras la reciente muerte de una joven universitaria en Valparaíso, atropellada por un microbusero que conducía bajo los efectos de cocaína y marihuana. La diputada Carolina Marzán (PPD), autora del proyecto, confirmó el impulso gubernamental tras reunirse con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
La propuesta, presentada originalmente en mayo de 2024 tras la muerte del niño Mauro Alberto Gómez —atropellado por un conductor que dio positivo en cocaína—, busca establecer controles obligatorios cada seis meses, a cargo de las empresas. Además, exige mantener un registro actualizado de estos exámenes y reportarlo a la autoridad competente, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y peatones. Según Marzán, “este trágico y doloroso caso nuevamente pone sobre la mesa la necesidad de elevar los estándares en materia de seguridad y transporte en nuestra región”.
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El incumplimiento de la norma conllevará sanciones graduales: multas para las primeras infracciones y, en casos de reincidencia, la revocación de la autorización para operar servicios de transporte de pasajeros. La diputada destacó que el respaldo del Ejecutivo es un paso crucial para evitar futuras tragedias y proteger a la ciudadanía, especialmente en zonas urbanas con alto flujo de locomoción colectiva. “Hay que hacer lo imposible para elevar estándares y evitar que esto siga ocurriendo, generando tanto dolor en las familias y la comunidad”, afirmó.
Con esta medida, las autoridades buscan reforzar la responsabilidad empresarial en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas entre conductores profesionales, un problema reiterado en múltiples accidentes evitables. La «Ley Alberto» aspira a convertirse en un pilar de la política de seguridad vial, al incorporar controles preventivos sistemáticos que hasta ahora carecen de respaldo legal obligatorio. Ahora, con la urgencia otorgada por el Ejecutivo, el proyecto podría ser votado en las próximas semanas, cerrando una brecha regulatoria exigida por la ciudadanía tras cada nuevo caso de negligencia.
