Erika Galarce señala que la Municipalidad de Puchuncaví enfrenta nuevamente críticas debido a la mala gestión administrativa que ha dejado a cientos de vecinos sin acceso a talleres culturales y con organizaciones comunitarias afectadas por la falta de financiamiento de los Fondos de Seguridad Pública.
La situación, adelantada por nuestro medio en diversas ocasiones, se ha vuelto insostenible, dejando en evidencia una desconexión alarmante entre las prioridades de la comunidad y las decisiones de la autoridad. En la última sesión del Concejo Municipal, el Administrador Municipal, Mauricio Ahlers, confirmó que “el segundo semestre no hemos podido partirlo, porque entre otras cosas y muy honestamente estamos con problemas de presupuesto”. Estas palabras se produjeron en un contexto donde el alcalde Marcos Morales se retiró de la sesión justo antes de que se abordaran las inquietudes de los concejales y de la comunidad.
Los talleres culturales, que históricamente han sido un pilar en las actividades comunitarias, no habían tenido que suspenderse hasta ahora por razones presupuestarias. Sin embargo, este año, debido a la falta de recursos, cientos de beneficiarios se encuentran sin las instancias de aprendizaje y expresión cultural que esperaban para este segundo semestre.
Por su parte, las organizaciones que participaron en los fondos concursables para la seguridad pública, aprobados en abril, también se ven en una delicada situación. A pesar de haber sido adjudicados, los financiamientos aún no se han entregado, perjudicando la realización de proyectos fundamentales para garantizar la seguridad en una comuna que enfrenta serios problemas delictuales. Este incumplimiento plantea inquietudes sobre si el concejo aprobó estos fondos sin asegurarse de la disponibilidad de recursos, o si simplemente hubo falta de información por parte de la administración de Morales.
La concejala Erika Galarce no dudó en calificar la situación como un “abandono de deberes” por parte de la administración municipal. Galarce expresó que es inaceptable que, mientras se financian grandes eventos, se dejen sin recursos iniciativas tan valiosas como la cultura y la seguridad de los vecinos. También hizo hincapié en el alto costo económico de más de 200 millones de pesos destinados a indemnizaciones por despidos injustificados, un monto que podría haber sido utilizado para sostener los talleres y asegurar los fondos de seguridad pública.
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Con la llegada del cierre de año y un nuevo periodo administrativo en el horizonte, la comunidad se pregunta cuál será el rumbo de las iniciativas públicas y si se hará frente a las múltiples deudas y compromisos pendientes. Mientras tanto, la incertidumbre aumenta para aquellos que dependen de estos vitales programas comunitarios.
